Este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago despachó una orden de detención en contra de Alberto Larraín, cofundador de la ONG ProCultura, esto en el marco de la investigación por el caso Convenios.
Además, se emitió el mismo mandato judicial para María Constanza Gómez, representante legal de la misma; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de ProCultura; Evelyn Magdalena, exjefa de la División de Desarrolo Social Humano del Gore RM; y Gabriel Pardo, pareja de Abusleme y quien fuera contratado por el Gore para relacionarse con ProCultura.
El hecho se enmarca en la arista del caso que está ligado al convenio con la Gobernación Regional Metropolitana para la ejecución del programa de prevención del suicidio Quédate.
En ese sentido, cabe recordar que en octubre del año pasado el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó una querella en contra de Alberto Larraín.
A su vez, dicha acción judicial se extendió en contra de todos aquellos que resulten
responsables por la comisión del delito de distracción indebida de fondos.
La Fiscalía investiga el financiamiento por parte de ProCultura de las campañas de al menos dos candidatos. Se trata de Sebastián Balbontín (quien postuló a alcalde de Limache y a core por Revolución Democrática y luego el Frente Amplio) y de Elizabeth Aguilera (que postuló a la convención constituyente por Independientes No Neutrales).
De acuerdo a información recopilada por este medio, Larraín habría transferido entre julio de 2021 y enero de 2024 $53.442.000 desde su cuenta a la de Balbontín.
En el caso de Elizabeth Aguilera, se trató de un único depósito el 24 de marzo de 2021, por $1 millón. En ese entonces y hasta ahora, fungía como presidenta de la Mesa Ciudadana de Patrimonio, Cultura y Turismo de Lota.
Dentro del documento judicial, al cual tuvo acceso BioBioChile, se expone que “los querellados Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz, en representación legal de la Fundación Procultura, recibieron $1.683.788.000 del patrimonio fiscal, con el destino y uso exclusivo de solventar el proyecto “Quédate” para la prevención del suicidio“.
“Sin embargo, la fundación distrajo una parte importante de este dinero, utilizándolo indebidamente, lo que significó separarlo de su objeto convenido. Este desvío de finalidad impidió la correcta ejecución del proyecto y vulneró la obligación contractual de la fundación de mantener los recursos disponibles y restituirlos inmediatamente al Gobierno Regional si así lo requería”, se agregó en el escrito en cuestión.
Además, detallaron que “el Gobierno Regional Metropolitano declaró el término anticipado del convenio por incumplimiento, falta de rendición, y debido a que los fondos habían sido distraídos (…) La liquidación posterior determinó que el perjuicio patrimonial causado al Estado de Chile asciende a la suma de $1.015.283.548, dinero que, al haber sido desviado, no ha sido devuelto hasta la fecha”.
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