En un fallo emitido este 24 de septiembre, la Corte Suprema ratificó una sanción impuesta contra FASA (Farmacias Ahumada) por infringir la ley Fármacos I, que prohíbe el pago de incentivo a los dependientes para que vendan el producto más caro, por sobre los más barato, a fin de maximizar las utilidades.
Esto último se concretó luego de que el máximo tribunal rechazara un recurso de la farmacéutica y por lo tanto confirmara una sanción aplicada por el Instituto de Salud Pública (IPS) contra la firma.
La resolución de la Tercera Sala de la Suprema constata que “tanto los contratos de trabajo como otros documentos dan cuenta del pago de incentivos por venta de medicamentos, infringiéndose así el artículo 100 del mismo cuerpo normativo” que prohíbe esta práctica.
La denuncia de Guirardi y las organizaciones sindicales
El fallo fue dado a conocer por el senador Guido Guirardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado e impulsor de la Ley de Fármacos II, junto a dirigentes sindicales de los trabajadores de farmacias encabezados por Mauricio Acevedo, presidente de la Federación.
Respecto de esto, Guirardi explicó que “la Ley de Fármacos I prohíbe el pago de incentivo a los dependientes para que vendan el producto más caro, por sobre los más barato. Por ejemplo, la Atorvastatina ($2 mil) es el principio activo del Lipitor ($ 50 mil) y del Lipox ($ 12 mil) que es una marca propia, antes pagaban 500 pesos por cada Lipitor vendido y 5 pesos por la Atorvastatina. Ahora pagan bonos por metas de ventas que, obviamente, es más fácil de alcanzar vendiendo el más caro. Y si alguien pide una alternativa le ofrecen el intermedio y el barato le dicen que está discontinuado o que no tienen”.
Junto con esto, denunciaron que las farmacias no cumplen lo establecido en la Ley de Fármacos I al no contar con listas de precios que sean comparables entre sí y que no tienen en stock los medicamentos genéricos bioequivalentes (más baratos) y ofrecen los originales (más caros) o en su defecto los genéricos de marca propia (de valor intermedio).
Comparación de precios
Yendo más allá, el parlamentario acusó “una situación sistemática de abuso y estafa donde los medicamentos pueden costar un 600% más caro que en Europa o países vecinos. Ellos, las cadenas farmacéuticas, argumentan que venden caro porque le compran caro a los laboratorios. Pero el estudio de la Cenabast demuestra que, por ejemplo, Salco compra el Lertus en $4.025 y lo vende en $ 9.687, con una utilidad del 58%”.
“Los laboratorios hacen lo mismo, obtienen utilidades cercanas al 50% y las cadenas le agregan otro 50% más es evidente que los chilenos estamos pagando de los medicamentos más caros del mundo”, agregó.
El estudio en cuestión, de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) indica que “cadenas y laboratorios mienten para vender a los chilenos los remedios más caros del mundo y obtener márgenes de utilidades inmorales que alcanzan hasta un 70 % de rentabilidad”.
Piden urgencia para Fármacos II
Por todos los factores ya expuestos, el senador Girardi solicitó al Gobierno la discusión inmediata de la Ley Fármacos II.
Según indica, esta normativa permitirá a la Cenabast “vender medicamentos a precios de mayorista a las farmacias populares o independientes, con la condición que la utilidad no exceda un 15%, que debiera ser el margen máximo de utilidad en materia de salud”.
Además, “prohibirá el financiamiento de viajes, congresos o eventos para que los médicos receten sus productos; obligará a los laboratorios a registrar junto un medicamento original, un genérico; así como tener listas de precios comparables entre sí y no el oscuro sistema que existe hoy”.
Cancelar permisos de funcionamiento
Por su parte, Mauricio Acevedo, presidente de los trabajadores de Farmacias, señaló que “los trabajadores somos meras víctimas de un sistema perverso permitido por uno u otro sector. La canela (incentivos) ha existido en todos los gobiernos. Los que estamos detrás del mesón no estafamos a nadie, pero si no vendemos de acuerdo a la estructura del sueldo y no cumplimos con las metas que nos imponen nos despiden o cambian de local”.
“Desde el 2015 hemos presentado más de 50 demandas por las canelas y todas ellas ha habido sumarios y aplicado multas, pero ellos suben los precios y las terminan pagando la gente. Sólo a unos cuatro locales de Cruz Verde y otros de SalcoBrand se les canceló el permiso de funcionamiento por 30 días y hoy pagan un sueldo promedio y no tienen incentivos”, sostuvo.
Por ello, “le pedimos a la autoridad que realice su pega y haga cumplir la ley. Tiene las herramientas legales para hacerlo, el artículo 174 castiga las reincidencias cancelando el permiso de funcionamiento”.
