Por 26 votos a favor y una abstención, el Senado aprobó un proyecto de acuerdo en el que solicitan al Ejecutivo, “realizar las gestiones políticas, diplomáticas y judiciales necesarias para dar auxilio al empresario Carlos Cardoen ante Interpol, y plantee ante ese organismo su preocupación por la falta de adecuación de sus prácticas institucionales a los estándares internacionales de derechos humanos”.
Lo anterior, a raíz de la numerosas acciones del Gobierno norteamericano que le impiden al empresario viñatero salir del país desde hace 25 años (1993), desde cuando Interpol -a petición de EEUU- registra una Alerta Roja, que fue retirada en 2009, pero que fue renovada y permanece vigente.
La iniciativa tuvo su origen en la iniciativa transversal presentada por los senadores Letelier, Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Rincón, Von Baer, Allamand, Araya, Chahuán, Durana, Galilea, García, García Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Pérez, Pizarro, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Los legisladores instaron al Gobierno para que, “dentro del marco de las normas republicanas de separación de poderes y del ordenamiento jurídico internacional, adopte las medidas que correspondan para fortalecer el auxilio del Estado de Chile. Asimismo, para plantear su preocupación por la falta de adecuación de las prácticas institucionales de este organismo internacional con los estándares de derechos humanos en el marco de su próxima Asamblea General. Ello a través del compromiso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Policía de Investigaciones de Chile, así como otros órganos competentes”.
Lo anterior, a raíz del respaldo que solicitó Cardoen en “la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía del Senado, que lo recibió en audiencia el 17 de julio de 2017, y el 19 de noviembre de 2018″, cuya instancia lo destacó como un “empresario que ha contribuido significativamente al desarrollo cultural y turístico de nuestro país”.
“En dichas sesiones se expusieron antecedentes sobre la práctica institucional de menoscabo a los derechos fundamentales por parte de Interpol, documentados en numerosos informes de la organización no gubernamental Fair Trials International. En el caso de Cardoen, esto se ha traducido en la mantención de una Alerta Roja por más de 25 años, sin que exista fundamento legal para ello”, señala el proyecto de acuerdo del Senado.
Lo anterior, considerando que la información proporcionada por Estados Unidos a Interpol señala que en relación a este caso “se solicitará su extradición a cualquier país que haya concertado con Estados Unidos un tratado actualmente en vigor que permita la extradición”.
El proyecto de acuerdo acusa que “han transcurrido más de dos décadas de dicha notificación, y sin embargo, y a pesar de encontrarse de forma pública y abierta residiendo en territorio chileno, el Gobierno de los Estados Unidos no ha presentado aún la solicitud de extradición correspondiente a los delitos imputados, impidiéndole así toda posible defensa ante un tribunal competente”.
