El presidente Sebastián Piñera tenía previstas actividades toda la semana en la región de Magallanes. Pero la controversia política generada por los cuestionamientos de la oposición al ministro del Interior, Andrés Chadwick, forzaron los cambios a la agenda del mandatario.
Si bien en diciembre, tras la interpelación al secretario de Estado en el Congreso, rápidamente se diluyó la opción de una acusación constitucional en la oposición, dicha alternativa comenzó a tomar fuerza el lunes pasado.
Lo anterior, luego que se conociera la declaración ante la Fiscalía del exjefe de la Zona Araucanía del Control de Orden Público, el renunciado general de Carabineros Mauro Victtoriano, en la que aseguró que le informó al ministro desde el primer momento -vía telefónica, el 14 de noviembre- que no hubo intercambio de disparos en el incidente que provocó la muerte de Camilo Catrillanca, y que incluso el comunero mapuche iba desarmado.
Más allá de aquello, lo que volvió a encender la polémica fue su excusa: “Lamentablemente había una muy mala comunicación e interferencia”, explicó.
Ante ello, la totalidad del bloque opositor refrescó sus críticas y en masa comenzaron a solicitar formalmente al Ejecutivo la renuncia de Chadwick, incluida la Democracia Cristiana. Incluso, volvió a tomar fuerza la opción de una acusación constitucional.
Pese a la evidente y creciente tensión, el jefe del gabinete mantuvo la calma al ser consultado por las críticas en su visita al Congreso: “Tengo mi conciencia absolutamente tranquila. También es un ejercicio democrático ejercer una acusación constitucional, siempre y cuando se haga de acuerdo a las causales que establece la Constitución. Y las causales que establece es dejar de cumplir la Constitución o incumplir la ley. He cumplido la ley. He cumplido la Constitución (…) No. No he pensado en renunciar, porque mi compromiso con el Presidente es -hasta cuando él me indique- seguir colaborando”, afirmó el titular de Interior.
En concreto, para iniciar el proceso sólo se necesitan 10 firmas, de modo que se podría dar curso al trámite sin contratiempos. Pero ningún partido opositor quiere arriesgarse a protagonizar un revés en la Sala. Y para triunfar necesitan 78 votos. Si bien suman un total de 84 diputados, 14 de ellos son DC y 6 radicales, que en todo momento han mantenido en duda su apoyo.
Reunión decisiva
Con todo, a raíz de la evidente división, este miércoles a las 11:00 horas se reunirán todas las bancadas de la oposición de la Cámara de Diputados para resolver en conjunto el destino de una posible acusación constitucional.
El encuentro fue convocado por el PS, partidario de presentar la moción para intentar destituir a Chadwick. “Como diputada mapuche siento que ha sido un rol muy pasivo porque el temor está en la propia oposición de que no contaremos con las firmas”, cuestionó Emilia Nuyado, la parlamentaria socialista que encabezó la interpelación a Chadwick en diciembre pasado.
Pero hay un punto en el que Chadwick tiene razón: la acusación constitucional es una herramienta que hay que tomarse en serio y que debe ser bien argumentada desde el punto de vista jurídico, por lo que una excusa “de cuarto básico o de kinder” -tal como la calificó el diputado RN Andrés Celis- no bastaría para sustentar el libelo acusatorio.
Y ese es el punto que remarca la DC. Si bien el jefe de bancada, Matías Walker, remarcó que la permanencia de Chadwick le hace daño al Gobierno, dejó en claro que no están por impulsar una acusación constitucional. Eso sí, no descartan sumarse “cuando se presente. La vamos a juzgar en su mérito. En su día”, aseguró.
Así, añadieron presión a La Moneda y al propio Chadwick.
Blindaje oficialista
Chile Vamos y el Gobierno saben que el escenario cambió respecto a ocasiones anteriores, puesto que la DC podría inclinar la balanza en favor de la oposición, tal como ocurrió en el caso del exintendente de La Araucanía, Luis Mayol: cuando la falange amenazó con la acusación en su contra por el mismo caso Catrillanca, desencadenó rápidamente su renuncia al cargo.
Por lo mismo, desde los partidos oficialistas, a excepción de la postura del diputado Celis, se han mostrado en todo momento como un frente unido y con un respaldo irrestricto a Chadwick.
“Las facultades están, el tema es que no hay mérito para eso. Hay que ser responsable con el uso de estas herramientas. El ministro ha hecho bien su trabajo y me parece que no tiene ningún sentido seguir discutiendo esa posibilidad”, sostuvo el presidente de RN, Mario Desbordes.
En tanto, la misma línea mantuvo la timonel UDI, Jacqueline van Rysselberghe. “Empezar a tener esa actitud por parte de la oposición, de tratar de en cada situación pedir destitución, más bien parece una operación política para llevar a una desestabilización al Gobierno”, aseguró.
Al final del día también surge otra aprehensión respecto a aventurarse con un proceso de destitución, más allá de los simples argumentos que vaya a incorporar el texto: si se presentara durante enero, a partir de entonces comenzarían a correr los plazos constitucionales y dicha situación obligaría a interrumpir las vacaciones de los parlamentarios en febrero para cumplir con esos tiempos.
Por eso, algunas voces han comenzado a señalar la opción de elaborar el texto de la acusación constitucional durante febrero, para que comience su trámite legislativo durante marzo. Así las cosas, el receso legislativo obligaría a hablar sobre el tema durante enero, febrero y marzo.
