El fiscal oriente Manuel Guerra se refirió este lunes a la investigación que el Ministerio Público lleva en contra de dos diplomáticos chilenos por el eventual delito de tráfico de personas.
Se trata de dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Frank Sinclair, quien se desempeña como cónsul en Córdoba, Argentina, y Gustavo Cantuarias, que ocupa el mismo rol en Dublín, Irlanda.
“El delito se comete porque en el año 2014 se constituye una sociedad de nombre MC Institute, Multicultural Science Institute, que la constituye el señor Sinclair, quien se desempeñó como director del Servicio Consular. La entidad tenía entre sus propósitos facilitar el intercambio y la venida de personas a Chile para efectos de realizar determinados cursos que le facilitasen luego trabajar en el país”, comenzó explicando el persecutor.
“El problema, y esto ha sido parte de la investigación, es que el instituto se certificó falsamente aprovechando la presencia de Sinclair al interior de la Cancillería, con su timbre (…) para revestirlo de mayor seriedad”, agregó.
“Del mismo modo se quiso hacer ver como que se encontraba con una autorización para funcionar de parte del Ministerio de Educación, lo que también es falso (…) Se utilizaron nombres de universidades sin que hubieran dado su anuencia, porque legalmente no se puede”, añadió.
Respecto los valores, Guerra detalló que “este servicio, para poder traer gente a Chile, engañados en el fondo, se pagaba una suma de entre 6.500 a 8.000 mil dólares por cada ciudadano extranjero, en su mayoría de la India y en segundo lugar Nepal”.
En aquella época Cantuarias, hoy en Dublín, era el cónsul en la ciudad de Nueva Delhi, en India, y concurrente en Nepal. El sería quien emitió ciertas certificaciones para facilitar visa a personas que no cumplían requisitos y que se engañó para traer a Chile.
“En Chile, al llegar y ver la deficiente calidad de los cursos prometidos, comenzaron los reclamos”, explicó el fiscal respecto de su investigación.
Por último, Guerra explicó que en este caso existe la agravente de la condición de empleados públicos de los cónsules. Además, la participación del hijo e hija de Sinclair en la sociedad también es parte de la carpeta.
