La justicia ordenó a la iglesia chilena pagar una indemnización de 450 millones de pesos a las víctimas de abusos sexuales del exsacerdote Fernando Karadima. Se trata de una cifra baja comparada con los juicios civiles en otros países, como Estados Unidos, donde hubo condenas por más de $1.800 millones.
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó un dictamen anterior y determinó fallar en favor de Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton, quienes demandaron a la iglesia por su negligencia y haber encubierto las denuncias de abuso sexual sufridas a manos de Karadima, expulsado de la vida sacerdotal por el papa Francisco en septiembre pasado.
La clave fue una carta de 2009 escrita por el cardenal emérito Francisco Javier Errázuriz, cuando era arzobispo de Santiago, dirigida al nuncio Giuseppe Pinto. En la misiva, el sacerdote daba cuenta de la intención de ocultar ciertos procesos, pidiendo explícitamente la reserva para evitar un escándalo.
Además, en la correspondencia, Errázuriz reconoció haber cerrado la primera investigación canónica en contra de Karadima, dando cuenta de que entonces mintió cuando dijo en distintas instancias, incluso judiciales, que el caso sólo lo había suspendido, además del hecho de que pidió no interrogar a Karadima “por respeto”.
Víctimas de Karadima: fin de la impunidad
Los denunciantes de los abusos cometidos por Karadima difundieron un comunicado donde compartieron su “alegría” por la decisión del tribunal de alzada.
James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo dijeron en un comunicado de prensa, que la decisión de la Corte demuestra que el Estado “se está poniendo al día para que, independiente del poder de una organización, todos deben responder por sus actos, especialmente si tienen a su cargo el cuidado de niños, adolescentes y personas vulnerables”.
“Este fallo debiera marcar el fin de la impunidad en materia de abuso sexual clerical”, sostienen las víctimas de Karadima.
El vocero de los laicos de Santiago, Osvaldo Aravena, consideró que este resultado ha sido lo más emblemático del largo proceso que han realizado los denunciantes de Karadima. Coincidió en que lo importante no es el dinero, sino que la confirmación de que hubo encubrimiento.
Marcial Sánchez, experto en la historia de la iglesia, consideró que lo mínimo que puede hacer la iglesia es indemnizar a las víctimas, considerando que han pagado a varios sacerdotes que han cometido delitos.
El tribunal chileno emitió su fallo el jueves, pero el texto de éste no ha sido dado a conocer, por lo que las víctimas esperan que en los próximos días se difunda el detalle del dictamen.
La iglesia chilena reaccionó en un breve comunicado en el que manifestó que “se agregó un antecedente nuevo para la causa, del cual no teníamos conocimiento”. “Analizaremos esta situación, junto con el fallo, para resolver los pasos a seguir”, señala el texto del clero.
Karadima, de 88 años, influyente formador de varios obispos, había sido suspendido de por vida de sus funciones por el Vaticano en 2011 tras ser condenado por actos de abuso sexual a menores cometidos en las décadas del 80 y 90 en la parroquia de El Bosque, en una zona exclusiva de Santiago.
Hasta ahora, el papa Francisco aceptó la renuncia de siete obispos chilenos, expulsó del sacerdocio a otros dos obispos eméritos y a los sacerdotes Karadima y Cristián Precht, reconocido defensor de los derechos humanos durante la dictadura.
En paralelo, la justicia mantiene 119 causas abiertas por casos de abusos cometidos o encubiertos por obispos y sacerdotes.
Precisamente, para este lunes está citado a declarar el obispo emérito de Valparaíso, Gonzalo Duarte, en calidad de imputado por eventual encubrimiento.
Para esta semana, además, se espera una nueva reunión del fiscal Sergio Moya, de la región de O´Higgins, con el sacerdote Raúl Hasbún, quien comprometió la entrega de correos electrónicos, en el marco de la investigación en su contra por encubrimiento.
Además, mañana está en tabla la revisión del recurso de protección interpuesto por la diócesis de Valparaíso, que mantiene paralizadas ciertas diligencias de la indagatoria del fiscal Emiliano Arias, como los allanamientos.