Pidiendo no ser olvidados y mediante la entrega de una carta en el Palacio de La Moneda, representantes de los municipios de Puchuncaví, Quintero, Coronel, Til Til, Tocopilla y Huasco, le exigieron al Gobierno que agilice el trabajo medioambiental en esas comunas.
Son los jefes comunales de las llamadas “Zonas de Sacrificio” -de “Esperanza” por los alcaldes- que piden al Ejecutivo que elabore un plan común y que las estaciones de monitoreo pasen a ser del Estado, entre otras cosas.
El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, pidió al Gobierno mayor voluntad.
“Para que existan voluntades tenemos que ponernos a trabajar en serio, en el sentido de que nos permitan hoy día devolverle la dignidad a nuestros territorios”, dijo.
Su par de Huasco, Rodrigo Loyola, señaló que no deben hacerse diferencias entre las situaciones ambientales de las diferentes comunas afectadas por cordones industriales.
“No se puede estar minimizando los efectos de una zona u otra, porque todos hemos tenido las mismas problemáticas”, afirmó.
Asegurando que se han producido avances y que existen medidas concretas, se defendió la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, destacando una mesa tripartita que desarrollan con la ciudadanía y las empresas.
“Se están tomando medidas muy concretas, lo importante es que estamos trabajando muy firmemente y hemos tenido acuerdos con las comisiones tripartitas, tanto en Coronel, como Huasco y Quintero, y avanzando en los planes de descontaminación de esas zonas”, argumentó.
Declarado compromiso del Gobierno que contrasta con la decisión de postergar la firma del Tratado de Escazú, el cual consiste en garantizar transparencia en la información medioambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Escazú
“Esto ha sido una postergación, un tema de oportunidad. Una decisión tomada a solicitud de Cancillería mientras realizan los análisis de resolución de litigios que es un problema más importante. No queremos que se ponga en peligro la soberanía de nuestro país”, sostuvo el 1 de octubre la ministra Schmidt.
Voces oficialistas dejaron entrever entonces, que el Gobierno esperaría a la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto la demanda marítima boliviana para la firma de este convenio.
Sin embargo, a diez días del fallo, que fue contundentemente favorable para nuestro país, no se tienen novedades.
“Todavía se puede firmar y nosotros obviamente emplazamos al Gobierno a que se firme, pero el bochorno ya se ha creado porque Chile lideró esta materia. Chile convenció a otros países para que se sumaran al carro y finalmente decidió bajarse”, respondió Elizalde el mismo día.
En este sentido, organizaciones sociales exigieron a La Moneda que suscriba cuanto antes el Acuerdo. Este martes, los representantes de la sociedad civil entregaron una carta con 3.000 firmas de ciudadanos y organizaciones – entre ellas de ONG FIMA, Espacio Público, Centro de Derecho Ambiental U de Chile, Terram, Amnistía Internacional, Codeff y Greenpeace- solicitando reunión con el presidente Sebastián Piñera para abordar la firma y ratificación de este acuerdo.
Ezzio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, acusó inconsciencia del Gobierno en materia medioambiental y Andrea Sanhueza, directora de Espacio Público, pidió que se firme a la brevedad dicho tratado.
“Ojalá sea paradójica, pareciera más bien ser consistente, con una despreocupación absoluta por las cuestiones ambientales y con ello una despreocupación absoluta por la vida de las personas”, dijo Costa.
“Lo antes posible tiene que firmar, tiene que instruir para la firma a la brevedad. Recordemos que el convenio se adoptó en marzo, por lo tanto la Cancillería y el Gobierno chileno tuvieron seis meses”, añadió Sanhueza.
Según el Gobierno, la decisión se tomó para analizar los alcances del Acuerdo en el capítulo de “Controversias”, ya que firmarlo podría significar poner en riesgo la soberanía chilena.
Durante el gobierno de Michelle Bachelet, Chile había sido unos de los principales impulsores de este tratado. Incluso, recién en junio del presente año, la administración Piñera, en voz de su ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado donde reafirmaban “su compromiso con la firma y pronta entrada en vigor de este Acuerdo”.
En dicho texto, Chile además invitaba “a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos”.
