“Numerosos incumplimientos a la normativa aeronáutica” detectados por una auditoría integral fueron los motivos citados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) al momento de ratificar la revocación del permiso de Latin American Wings (LAW) para operar en Chile.

La aerolínea por su parte calificó dicha resolución de “ilegal” y “arbitraria”, asegurando que no tuvo derecho a defensa y que nunca tuvo en sus manos los resultados de la auditoría.

En consecuencia, la empresa presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de Víctor Villalobos, director de la DGAC.

Los resultados que acusan nunca haber recibido están detallados en un informe de 60 páginas publicados por Transparencia tras una indagación del Diario Financiero, y efectivamente dan a conocer una larga lista de faltas en las que LAW habría incurrido.

Para empezar, según la indagación de la DGAC, la aerolínea no contaba con seguros de aviones, causando especial preocupación los de responsabilidad civil por daño a terceros, pasajeros y tripulantes. Los últimos vigentes, indican, eran de noviembre de 2017.

Según recogió el DF, 5 de sus aeronaves se encontraban en esta situación, lo que implicaba que sus ocupantes no recibirían una indemnización de 2.000 UF si sufrieran daños.

Además, uno de sus pilotos tenía vencido su permiso para volar. La DGAC acusó que, incluso, a este tripulante se le designó un vuelo (para el 1 de marzo de 2018) sin que la aerolínea se cerciorase de que sus habilitaciones estén al día.

Entre las falencias administrativas destacan sueldos impagos entre enero y marzo de este año, la no entrega de los estados financieros de la empresa, y la “imposibilidad de detectar la trazabilidad de algunos repuestos en bodega y de otros instalados en las aeronaves”, indicó el medio.

Asimismo, la empresa no pagó las tasas que le permitían usar el aeropuerto y los servicios de navegación aérea, y la DGAC detectó la inexistencia de capacitaciones para los tripulantes que les prepare para escenarios de interferencia ilícita o ataques terroristas.

Finalmente, otro requerimiento de la normativa que LAW vulneró según la auditoría es que no contaba con un Centro de Mantenimiento Aeronáutico propio e independiente aprobado o reconocido por la DGAC para realizar las mantenciones de las aeronaves.