El exdirector del Sename, Hugo Herrera, pidió en junio de 2016 al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que los defendiera en la causa donde se indaga la muerte de la niña de 11 años, Lissette Villa, ocurrida en el Cread Galvarino en abril del mismo año.
En el documento, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, se indica por Herrera que “..a través del presente y junto con saludar, informó que existe una causa penal en que este Servicio es tanto querellado cuanto querellante en el 7 Juzgado de Garantía de Santiago por cuasi delito de homicidio. Por tal motivo y a fin que esa instancia pueda asumir la defensa judicial de este servicio, se remite…”. El escrito continúa indicando los antecedentes aportados en la causa.
Esta información fue incorporada hace pocos días a la investigación por la muerte de 256 menores que estaban bajo la custodia del Sename, y a dos días de que se realice la audiencia donde se discutirá la exclusión del CDE.
Se cuestiona por intervinientes en la causa el requerimiento que hace Herrera para ser defendidos o representados por otro organismo del Estado. También se critica la tardanza para presentar la acción judicial y sobre todo porque lo hizo por un delito que tiene una pena asociada mucho menor a la considerada por la fiscalía.
El CDE acusa cuasi delito de homicidio mientras que la fiscalía busca acreditar apremios ilegítimos con resultado de muerte. Incluso fuentes que conocen de estas pesquisas aseguran que la querella quita fuerza a la imputación del persecutor, se atribuyen hechos menos graves que los contemplados en la causa.
Todo será materializado en los alegatos que se ventilarán el jueves en el 7 tribunal de Santiago.
Nueva audiencia
Además, en otro documento al que tuvo acceso La Radio, se deja constancia por la fiscal Erika Vargas que los representantes del Estado tomaron conocimiento de los hechos en el Caso Sename “por oficio enviado desde la Fiscalía. Recibido con fecha 7 de junio de 2016, en que se le remiten antecedentes”.
La exclusión del Consejo se revisará este 19 de octubre en el Centro de Justicia donde serán reformalizadas diez personas indagadas por la muerte de la pequeña Lissette.
Se busca precisar hechos, indicó el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, junto con sustentar una nueva ampliación del plazo de la investigación.
La abogada Jaqueline Stubing, defensora de las cuidadoras del Cread Galvarino, Thiare Oyarce, Orfelina Valdés y Cinthia Galaz, dijo que en la discusión por la exclusión del CDE, puede repetirse lo que ocurrió con el Sename, que no fue sacado de la causa.
Van a estudiar si piden también su exclusión por su tardía incorporación en esta causa que ya debiera cerrarse.
La abogada sostiene la tesis que la responsbailidad recae en el Estado, porque no entregaron las herramientas necesarias a los trabajadores del Sename para aplicar protocolos que permitieran una óptima protección de los menores.
Fueron los propios querellantes del Instituto de Derechos Humanos y María Elena Santibáñez de la Fundación Para la Confianza, quienes pidieron sacar a los representantes del Estado en este caso.
