El juez encargado de la investigación de la explosión ocurrida en el puerto de Beirut tuvo que suspenderla de nuevo el martes, a raíz de las presiones de la clase política, tras haber emitido una orden de arresto contra un diputado y exministro. La indagatoria envolvió al gobierno en una nueva polémica, sumada a las crisis económicas y sociales que ya vive el país.
El gobierno libanés tuvo que aplazar una reunión programada este miércoles por las fuertes tensiones suscitadas por la investigación de la explosión en el puerto de Beirut, con Hezbolá y sus aliados reclamando que el juez encargado de la instrucción sea sustituido por otro.
El martes, el juez Tareq Bitar, víctima de una campaña de desprestigio, se vio obligado a suspender por segunda vez su investigación. Poco antes, había emitido una orden de arresto contra el exministro de Finanzas y diputado Ali Hassan Khalil, alto responsable del movimiento Amal, una formación chiita aliada de Hezbolá.
El magistrado es objeto de una campaña perpetrada por varios partidos, como Hezbolá, que el lunes lo acusó de politizar la investigación, solicitando que sea remplazado.
La explosión, ocurrida el 4 de agosto de 2020 y causada por el almacenamiento, sin las medidas de seguridad pertinentes, de enormes cantidades de nitrato de amonio, provocó más de 200 muertos y 6.500 heridos y arrasó barrios enteros de Beirut.
Las autoridades han rechazado que se lleve a cabo ninguna investigación internacional y las familias de las víctimas y las oenegés las acusan de socavar la investigación local.
Además, los responsables políticos, de todas las tendencias, se niegan a que el juez los interrogue.
Este asunto casi hizo saltar por los aires una reunión del gobierno celebrada el martes por la tarde, explicó a la AFP un responsable que pidió el anonimato.
Los ministros de Hezbolá y de mal “pidieron que el juez sea sustituido, pero el gobierno no está habilitado para hacerlo y ese tema corresponde al alto consejo de justicia”, explicó la fuente.
Además, el Consejo de ministros que estaba previsto para este martes fue aplazado, por no haber hallado un acuerdo sobre esa cuestión del magistrado.
Al mismo tiempo, simpatizantes de Hezbolá y de Amal convocaron una manifestación el jueves frente al palacio de Justicia, donde regularmente se congregan familiares de las víctimas de la explosión, que exigen que la investigación se complete.
El gobierno de Líbano, dirigido por el primer ministro Najib Mikati, se formó el pasado 10 de septiembre, tras más de un año de vacío político, después de que el Ejecutivo de Hasan Diab dimitiera a raíz de la explosión.
