La regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno de España, que prevé conceder permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas, se plantea como un mecanismo exprés con plazos cortos y trámites flexibles, como ya ocurrió tras las inundaciones de 2024.
La tramitación de un gran volumen de peticiones en apenas unos meses podría suponer un reto para la administración, pero la exigencia de pocos requisitos y la flexibilidad a la hora de demostrarlos -algo poco habitual en materia de extranjería- hace que los expertos se mantengan optimistas.
Existe una “experiencia piloto” muy reciente de la que el Gobierno pudo aprender: la regularización extraordinaria para las víctimas de las inundaciones que asolaron Valencia en octubre de 2024, tras la que se concedió los papeles a 33.044 personas afectadas.
El Gobierno prevé que a principios de abril -o antes- los interesados puedan empezar a presentar sus solicitudes. Para ello, tramitará el real decreto que reforma el reglamento de extranjería de forma urgente, lo que acorta plazos.
Según explica a la agencia EFE Paco Solans, portavoz de la asociación de abogados especialistas Extranjeristas en Red, la clave de este procedimiento es que solo se requerirá tres documentos: pasaporte en vigor, acreditación de residencia y antecedentes penales.
Además, para demostrar el cumplimiento de los requisitos -haber residido en España al menos cinco meses antes del pasado 31 de diciembre y no tener antecedentes penales- el Ejecutivo plantea cierta flexibilidad.
En el primer caso, la administración aceptará, en su defecto, otros documentos como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero.
Y en el caso de los antecedentes penales, si el solicitante demuestra que pidió el certificado y no lo recibió después de un mes, el Gobierno podrá recabar la información con la autoridad del país correspondiente y si no la recibe en un mes, bastará con una declaración responsable del peticionario.
Solans explica que esta fórmula ya se utiliza en algunos trámites de extranjería, como los permisos de residencia para profesionales altamente cualificados y emprendedores.
El plan del Gobierno es que la solicitud pueda ser admitida a trámite en 15 días y, a partir de entonces, la persona interesada contará con una autorización provisional para trabajar y se suspenderán los procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que tenga pendientes.
Para hacer frente al volumen de peticiones, el Gobierno habilitará espacios más allá de las Oficinas de Extranjería para presentar la solicitud, además de la vía telemática.
Solans explica que, a diferencia de la última gran regularización de 2005, ahora un abogado puede tramitar la solicitud por representación y además hacerlo de forma telemática, lo que supone darle a la administración “la mitad del trabajo hecho”.
La idea es que los expedientes se resuelvan en tres meses como máximo, algo que Solans ve factible por la simplicidad de los documentos requeridos.
Por ello, este abogado cree que la administración sí será capaz de cumplir los plazos.
Si el expediente es favorable, se concederá a la personas beneficiarias un permiso de residencia y trabajo de un año y, cuando acabe este plazo, se podrá acoger a otra de las figuras contempladas en el reglamento de extranjería, como la del arraigo.
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