La justicia francesa anuló la imputación contra la compañía de construcción Lafarge, acusada de complicidad con crímenes contra la humanidad. No obstante, se mantuvo el cargo de financiación del terrorismo por haber pagado millones de euros a grupos como el Estado Islámico para mantener la actividad de una planta cementera en Siria.
La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París mantuvo también los cargos contra la compañía francesa (fusionada actualmente con la suiza Holcim) por violación de embargo y por poner en peligro la vida de los que eran sus empleados en el complejo de Jalabiya para continuar produciendo allí durante la guerra.
El escándalo comenzó con las revelaciones en junio de 2016 de “Le Monde”, que contó que el grupo había pagado comisiones al Estado Islámico y a otras organizaciones armadas entre 2013 y 2014 para poder continuar la actividad en Jalabiya pese a la guerra.
La cementera, que había supuesto una inversión de cientos de millones de dólares, empezó a producir en 2010, un año antes de las revueltas que degeneraron en la guerra en Siria. Lafarge mantuvo su actividad hasta que el Estado Islámico acabó tomando el control en septiembre de 2014.
Desde 2017, LafargeHolcim había reconocido haber llegado a acuerdos “inaceptables” para mantener la seguridad de esa cementera del noroeste de Siria en pleno conflicto. En concreto, admitió haber entregado dinero a “un cierto número de esos grupos armados”, algunos de los cuales eran objeto de sanciones internacionales.
La inculpación de una empresa por complicidad de crímenes contra la humanidad, decidida por los magistrados instructores en junio de 2018, era un hecho judicial inédito.
LafargeHolcim recurrió y el Tribunal de Apelación de París le ha dado ahora parcialmente la razón. Sin embargo, las ONG Sherpa y ECCHR, que interpusieron la denuncia contra Lafarge anunciaron que recurrirán al Supremo para que se retome el cargo de complicidad de crímenes contra la humanidad.
