En las entrañas de los socavones de Pataz, en el norte de Perú, se libra una guerra perpetua por el oro que ha dejado un rastro de muerte, violencia y desesperanza. El reciente hallazgo de 13 cuerpos, todos ejecutados en circunstancias macabras dentro de un socavón, pone de manifiesto la feroz lucha que enfrentan tanto trabajadores formales como informales, sumidos en el control de organizaciones criminales que han tomado las minas.
La matanza de estos 13 hombres, contratados para proteger las operaciones auríferas en la región, revela un panorama de terror, donde la vida humana ha perdido su valor en medio de la voracidad por los recursos. Para los expertos, la violencia en Pataz no es un fenómeno aislado; se trata de una guerra soterrada que ya ha cobrado la vida de decenas de personas, y que refleja la descomposición del orden social y la infiltración de bandas criminales dentro de las propias instituciones del Estado.
Una lucha sin reglas
La minería ilegal en Pataz ha convertido a este distrito de La Libertad en un campo de batalla entre empresas mineras legales y grupos criminales armados, que se disputan el control de un mineral codiciado y rentable.
Según los datos a los que accedió BioBioChile, las bandas de mineros ilegales no solo han invadido los socavones, sino que operan con tecnología de punta, invirtiendo millones de dólares en maquinaria especializada. Estos grupos, además, no dudan en usar métodos violentos para someter a las comunidades y a los propios trabajadores mineros. Su poder de fuego es incalculable y aterra hasta a los policías y militares locales.
El oro en Pataz no solo es una fuente de riqueza, sino también de enfrentamientos constantes. Los mineros ilegales, conocidos por su utilización de armas de guerra y explosivos, no solo intentan apoderarse de las minas mediante el saqueo, sino que también han creado un clima de terror que obliga a las empresas mineras formales a contratar personal de seguridad sin ningún tipo de regulación legal, a menudo con vínculos criminales. A estos se les denomina ‘chalecos’ y las 13 víctimas cumplían esa función.
“La situación se ha vuelto tan desesperante que las empresas prefieren contratar personal sin ningún tipo de protección legal, simplemente para defender el territorio y asegurar el oro”, explicó Yuri Castro, periodista especializado en criminalidad organizada, a BioBioChile.
Víctimas del crimen organizado
La masacre, trágica noticia que se conoció el pasado domingo 4 de mayo, ha desnudado la magnitud de la violencia que se vive en Pataz. Los cuerpos de los trabajadores fueron encontrados en el interior de un socavón de la propiedad de la minera Poderosa. De acuerdo a los reportes policiales, estaban desnudos, maniatados y con signos claros de tortura, lo que indica que fueron ejecutados por sicarios al servicio de bandas criminales.
Según Pedro Yaranga, experto en seguridad, que fue consultado por BioBioChile, el asesinato múltiple no es un hecho aislado. “Lo que se vive en Pataz no es solo una lucha por el oro, sino un sistema de terror impuesto por bandas que controlan la zona”, dijo a este medio.
Esta tragedia ha puesto de relieve el creciente poder de los grupos criminales en la región, que ya controlan tanto la minería ilegal como las rutas de transporte del oro. La infiltración de estos grupos y la connivencia de algunos agentes de las fuerzas de seguridad — por miedo o corrupción — ha facilitado la expansión de su dominio.
En los últimos años, la minería ilegal en Perú ha experimentado un auge imparable, alimentado por el aumento en los precios del oro, que ha convertido el negocio en una actividad aún más lucrativa que el narcotráfico. Esto ha atraído a organizaciones criminales locales e internacionales que, además de controlar las minas, se han involucrado en extorsiones, secuestros y asesinatos, como los ocurridos en Pataz.
El negocio de la minería ilegal
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la minería ilegal en Perú ha alcanzado dimensiones alarmantes. En 2023, la producción ilegal de oro en el país superó las 77 toneladas, lo que representa un 44% del oro ilegal exportado en Sudamérica. La expansión de esta actividad, inicialmente centrada en zonas como Madre de Dios y Loreto, se ha extendido a otras regiones ricas en minerales, como Puno, Cusco y La Libertad, donde se encuentra Pataz.
La falta de control efectivo por parte del gobierno ha permitido que las bandas criminales se apoderen de las minas. Estos grupos no solo operan en zonas remotas y de difícil acceso, sino que también han logrado infiltrarse en las instituciones estatales, como la policía, para proteger sus intereses y evadir la justicia.
En Pataz, dos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) han sido implicados en el caso de los 13 asesinados, tras revelarse su participación en la empresa de seguridad informal, conocida como R&R, que operaba en la zona sin ningún tipo de regulación y para la que trabajaban las víctimas. Luis Guillermo Bringas, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, confirmó que los policías eran investigados por este entramado delictivo.
El vínculo entre las fuerzas
El involucramiento de agentes de la policía en acciones ilícitas es una de las facetas más sombrías de este conflicto. En Pataz, los policías implicados en el caso de los 13 asesinados, según conoció BioBioChile, estarían ligados a ‘La Gran Alianza’, una organización criminal que controla gran parte de la minería ilegal en la región. Los efectivos estarían en actividad y uno de ellos habría sido quien contactó a los familiares de las víctimas para informarles que la orden matarlos supuestamente fue dada por el prontuariado Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’.
Este caso refleja la gravedad de la corrupción y la falta de control dentro de las fuerzas de seguridad, que han sido infiltradas por el crimen organizado. Los mineros, tanto los ilegales como los formales, se ven obligados a convivir con un clima de violencia en el que las leyes del Estado parecen no tener vigencia, afirman los expertos. En la práctica, las bandas criminales controlan todo, desde la extracción del mineral hasta su comercialización, mientras las autoridades locales luchan por imponer el orden.
El futuro incierto de Pataz
A pesar de los esfuerzos del gobierno por frenar la expansión de la minería ilegal en la región, como el estado de emergencia decretado por la presidenta Dina Boluarte y el reciente toque de queda, la situación sigue fuera de control.
Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, anunció el despliegue de las fuerzas armadas en la zona, pero la efectividad de estas medidas sigue siendo incierta. En palabras de Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública, “el problema no se solucionará solo con un enfoque punitivo”. La falta de continuidad en las políticas de control y la debilidad institucional del país han impedido que las medidas adoptadas sean realmente eficaces.
Expertos coinciden en que el futuro de Pataz y otras regiones afectadas por la minería ilegal dependerá de la capacidad del gobierno para implementar soluciones estructurales, como la formalización de la minería, el fortalecimiento de las instituciones locales y una mayor presencia estatal en zonas de difícil acceso. Mientras tanto, las organizaciones criminales seguirán controlando el territorio, y los hechos de violencia, como la masacre de los 13 trabajadores, continuarán marcando la historia de esta región y reflejando la gravedad de la situación.
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