Esta acusación también incluye a Fuerza Popular y a la empresa MVV Bienes Raíces SAC como imputados para que, en caso de lograr una sentencia condenatoria, se pida su disolución y liquidación. En ese momento, Kieko Fujimori definió como "persecución" el pedido de acusación del fiscal.
La Justicia de Perú impuso este miércoles una orden de impedimento de salida del país por 36 meses a la líder de la oposición, Keiko Fujimori.
A lo anterior se suma su exesposo y otras seis personas colaboradoras con su partido, Fuerza Popular, dentro de la investigación abierta en su contra por el delito de lavado de activos.
“El juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional, ordena impedimento de salida del país por 36 meses contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Mark Vito Villanella y otros, en investigación por lavado de activos”, anunció la cuenta de Twitter del Poder Judicial de Perú.
La líder fujimorista, que ya ha estado en prisión preventiva en dos ocasiones, está acusada de lavado de activos.
Se trata de un delito en torno al caso “Cócteles” por los presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales de 2011 y 2016.
Además, el juez ordenó una serie de reglas de conducta a Fujimori.
Ejemplo de esto es la prohibición de no cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial y no comunicarse con el resto de imputados, testigos o peritos.
Caso de lavado de activos por el que se enjuicia a Keiko Fujimori
Unas medidas de cara al inicio de su juicio oral, que el magistrado tendrá que anunciar en los próximos días.
Por último, impone una caución económica al exmarido de Fujimori, Mark Vito Villanella de 10.000 soles (2.700 dólares), entre otros.
Pero el Poder Judicial no acató el pedido de la Fiscalía para imponer vigilancia judicial al partido Fuerza Popular.
El caso “Cócteles” cuenta con 41 presuntos implicados y está relacionado con el lavado de activos alrededor de la empresa constructora Odebrecht.
Todo esto, para presuntos aportes de campañas políticas, lo que ha sido investigado por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público de Perú.
Fujimori se enfrenta a un pedido de 30 años de cárcel, según la hipótesis fiscal José Domingo Pérez, que la señala como la cabecilla de una organización criminal que opera al interior de su partido político.
Tras más de dos años de investigación, en marzo de 2021, la Fiscalía hizo este pedido de prisión y una acusación formulada por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
