El Congreso peruano aprobó el informe final de una denuncia constitucional que recomienda a la Fiscalía acusar al expresidente Pedro Castillo por corrupción. El exmandatario se encuentra en prisión preventiva desde hace 18 meses, tras su fallido autogolpe.

El Congreso de Perú aprobó este viernes el informe final de una denuncia constitucional que recomienda a la Fiscalía acusar al expresidente Pedro Castillo. ¿El motivo? Encabezar, presuntamente, una organización criminal durante su Gobierno para obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.

Con 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, el hemiciclo dio luz verde al informe final de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación contra el exmandatario.

Castillo se encuentra en prisión preventiva tras su fallido autogolpe. Ahora, el Ministerio Público deberá presentar una acusación formal ante el Poder Judicial.

El documento recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública bajo la modalidad de organización criminal agravada por su aparente condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado.

A lo anterior se suma su rol como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.

El expediente responde a supuestas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín. Se suman otros presuntos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.

En otras dos votaciones, el pleno del Parlamento también aprobó acusar por el mismo caso a los exministros de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción Civil y Saneamiento, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente. Esto, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe el pasado 10 de febrero, tras la denuncia constitucional presentada en noviembre pasado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el exmandatario y sus exministros.

Abogado de Castillo tacha de “absurda” la acusación

Durante la exposición del expediente, el congresista Diego Bazán, del partido derechista Avanza País, destacó los “elementos de convicción” entregados por el Ministerio Público sobre la supuesta existencia de una organización criminal en el aparato estatal. Según dijo, estos fueron “muy reveladores”.

Por su parte, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, resaltó el respeto al debido proceso, así como su “independencia, imparcialidad y legalidad”. Aparte, acusó a Castillo y a su defensa de realizar acciones “dilatorias y obstruccionistas”.

Durante su intervención virtual, el abogado del expresidente, Eduardo Pachas, solicitó sin éxito que Castillo pueda ejercer su derecho a la defensa de manera presencial ante el pleno. Además, calificó de “absurda” la acusación. En esa línea, insistió en que el Congreso no observó los decretos cuestionados y dio la confianza a los gabinetes que tuvieron a los exministros imputados, por lo que pidió el archivo de la denuncia.

Debate en el Congreso duró 4 horas

Tras pedir que se archive la acción legal contra el exmandatario, fue el turno de la defensa del exministro de Vivienda, Construcción Civil y Saneamiento. Sin embargo, la participación de su abogado fue rechazada por no haber sido acreditado con anticipación.

En tanto, el exministro de Transportes y Comunicaciones envió un oficio al Parlamento, en el que se allanaba a que se apruebe la acusación constitucional para que la Fiscalía pueda continuar y formalizar la investigación.

Durante el debate, que se extendió por unas cuatro horas, tomaron la palabra decenas de los 130 congresistas que integran la cámara peruana, que lucía prácticamente vacía.

Castillo cumple una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva dictada tras su intento fallido de golpe de Estado, que llevó al Congreso a destituirlo el 7 de diciembre pasado por “permanente incapacidad moral”. En su reemplazo se designó -por sucesión constitucional- a su vicepresidenta, Dina Boluarte.