Cientos de personas lincharon a uno de los cuatro hermanos acusados de violar y contagiar con VIH a un niño de 11 años en la localidad de Yapacaní en Bolivia. Entre los imputados hay dos menores de edad, uno de los cuales está prófugo y se presume que podría estar en Chile.

Una turba linchó a uno de los hermanos acusados de violar y contagiar con VIH a un niño de 11 años, quien está en terapia intensiva en Bolivia. Uno está prófugo y, según la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), podría estar en Chile.

La situación se registró al exterior del juzgado de la localidad de Yapacaní en Santa Cruz, donde se realizó la audiencia de medidas cautelares en contra del sujeto de 23 años y que convocó a cientos de personas que manifestaron su repudio por lo ocurrido.

Una vez terminada la instancia, cuando el imputado salía del tribunal, la policía local no logró contener a la multitud que se abalanzó en contra del acusado para golpearlo y lanzar piedras y palos al centro de justicia.

Las personas golpearon al hombre hasta dejarlo en el piso y luego procedieron a trasladarlo hasta la plaza central de Yapacaní, aunque algunos de los familiares del acusado pedían a la población “piedad”.

En la plaza, la turba desvistió al hombre e incluso advirtieron con cercenar sus genitales en forma de castigo. Luego de alrededor de cinco horas, ya de madrugada, la policía logró sacar al hombre.

El sujeto es acusado junto a sus tres de sus hermanos de violar a un niño que acaba de cumplir 11 años y contagiarlo de VIH. El pequeño se encuentra actualmente en terapia intensiva.

De los presuntos autores, dos son menores de edad

Es preciso indicar que el caso se supo el año pasado, cuando al niño le detectaron la enfermedad y este reveló los vejámenes que sufría por parte de los cuatro hombres que eran sus vecinos y que incluso le amenazaron con un arma para que no hablara.

Dos de los presuntos agresores son menores de edad, de 15 y 17 años, mientras que los dos restantes tiene 23 y 28 años de edad. Este último falleció el año pasado por la enfermedad.

Prisión preventiva para uno de los acusados

En la audiencia de medidas cautelares del hombre de 23 años se decretó la prisión preventiva en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz, la más conflictiva del país, por un plazo de 180 días mientras se realiza la investigación, indicó el fiscal asignado al caso Julio César Bustos.

Por eso, luego de rescatar al hombre de la turba, este fue trasladado hasta el penal en medio de un fuerte resguardo policial.

En tanto, el otro aprehendido, que es menor de edad, fue remitido a un Juzgado de la Niñez y estará detenido en el centro de rehabilitación Cenvicruz, de acuerdo con información del Ministerio de Justicia.

Prófugo podría estar en Chile

El tercer acusado está “prófugo” y ya se emitió la orden de aprehensión.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Santa Cruz, Carlos Oporto, manifestó que el otro acusado, quien es menor de edad, puede estar en Chile, por lo que harán las gestiones necesarias para que se activen las alertas migratorias.

Además, se investiga si hay otras víctimas y la Policía pidió que si fuera el caso vayan a denunciar.

Por su parte, la madre del niño denunció que está siendo amenazada por la familia de los agresores, por lo que pidió garantías y justicia.

Gobierno costeará tratamiento del menor

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que el Gobierno cubrirá los gastos del tratamiento del menor y que una de las viceministras de esa cartera se trasladó hasta el lugar para hacer seguimiento del hecho.

“Nuestra prioridad en este momento es la salud del menor a la cual le vamos a dar toda la atención que se requiere y no solamente instruimos que se cumplan estrictamente con todos los exámenes que se tenga que hacer, sino que se lo proteja con todo lo que requiera”, señaló Auza.

Además comentó que el niño presenta “encefalopatía” y “desnutrición”, por lo que será valorado por especialistas en pediatría, neurología y gastroenterología.

Por su parte, el Ministerio de Justicia exigió “celeridad en las investigaciones” y que se aplique “todo el peso de la ley” en contra de los presuntos agresores.

Esa cartera le brinda asistencia jurídica a la familia del niño y se gestiona con otros ministerios ayuda a la madre del menor.