Golpes de cacerola se escucharon la noche del jueves en Buenos Aires en protesta por las liberaciones de presidiarios para prevenir contagios masivos y muertes por coronavirus en las cárceles.

La demanda fue organizada desde las redes sociales y medios de comunicación e impulsada por dirigentes de la oposición al gobierno del presidente peronista Alberto Fernández.

Portales digitales de prensa señalaron que hubo cacerolazos en otras ciudades de provincia.

Al responder a los reclamos, el presidente Fernández aclaró esta semana que los arrestos domiciliarios temporarios los dicta pura y exclusivamente el poder judicial.

“Nadie está de acuerdo con sacar a violadores o asesinos a la calle”, dijo la ministra de Justicia, Marcela Losardo, en declaraciones al canal C5N.

Losardo dijo que las órdenes judiciales de trasladar presos a detención en domicilio se cumplen “aplicándoles tobilleras electrónicas” y con la intención de que terminen de cumplir su condena.

“No habrá indultos, ni amnistías, ni conmutación de penas”, aseguró.

La ministra dijo que países como “Estados Unidos, España, otros de Europa y de Latinoamérica han tomado decisiones de este tipo aún más fuertes”.

“De los 12.579 detenidos en el sistema federal, se les otorgó domiciliaria por el coronavirus solo a 320”, especificó Losardo. Otros 80.000 reclusos están en cárceles provinciales.

Un reciente motín en la penitenciaria de Villa Devoto en Buenos Aires terminó con un acuerdo para que los jueces tomen en consideración los casos de detenidos sin condena o en riesgo de muerte por enfermedades.

El Covid-19 ha causado 4.428 contagios en el país, con 218 muertes, según el último reporte nocturno de las autoridades de salud.

Desde el 20 de marzo rige un aislamiento social obligatorio en todo el territorio, con algunas medidas de flexibilización en municipios menores a los 500.000 habitantes.