Dos conductores de programas políticos y un comentarista se sumaron a la lista de personas buscadas por la Justicia. Todos ya abandonaron el país, por seguridad.
El Gobierno de Nicaragua ordenó el pasado domingo la captura de dos periodistas y un comentarista críticos del presidente Daniel Ortega, mientras que una informadora huyó del país por temor a ser detenida por la Policía, informó la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Los tres requeridos trabajaban en programas de corte político.
La orden de captura fue emitida por el juez Sexto de Distrito Penal de Audiencia de Managua, Henry Morales, a petición de la fiscal auxiliar Lillyam Sosa, en contra de los periodistas Luis Galeano y Jackson Orozco, además del comentarista Jaime Arellano. Todo forma parte de una ampliación de la causa que se lleva contra la también periodista Lucía Pineda Ubau.
Al conocerse dichas órdenes, la periodista Leticia Gaitán huyó del país, hacia un destino desconocido, por temor a ser capturada y enjuiciada, informaron personas allegadas. En tanto, Orozco se exilió hace varios meses tras recibir amenazas de muerte, Galeano permanece en un lugar de resguardo en su país y Arellano lleva más de un mes fuera de Nicaragua “por razones de salud”.
“Es una verdadera pesadilla”
Luis Galeano relató el dificil momento que vive la libertad de expresión en territorio nicaragüense
“Lo que ocurre en mi país se ha convertido en una pesadilla. Nunca pensé que por decir la verdad, ejercer mi trabajo y cumplir con mi labor me fuesen a acusar por delitos que son realmente ridículos”, dijo en entrevista con DW este periodista de 40 años, que, como muchos nicaragüenses, pasará este año las fiestas de diciembre lejos de su hogar y de su familia.
Para él, “esta no es una feliz Navidad, porque el reloj y el calendario parecen haberse detenido en abril”, añadió, refiriéndose al momento en el que estalló una insurrección cívica que empezó de la mano de un grupo de universitarios que salieron a protestar contra una reforma del Seguro Social.
Esas primeras protestas fueron el clímax de un descontento social acumulado desde que Ortega, de 73 años, retornó al poder, en 2007, y se transformaron pronto en una inmensa rebelión, cuando la gente empezó a ver a los estudiantes caer muertos bajo las balas de policías y paramilitares en Managua y en otras ciudades del país.
El rechazo del exguerrillero Ortega a un diálogo con la oposición y su decisión controlar la crisis mediante la fuerza armada se saldaron con al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque el gobierno reconoce 198 y ONG humanitarias locales elevan la cifra hasta 545 víctimas.
“Lo que está pasando es la culminación de una dictadura que ha decidido quedarse en el poder a sangre y fuego: Ortega no ha escatimado ninguna acción para hacerlo, no le ha importado segar la vida de cientos de personas y encarcelarlas, ni mandar al exilio a más de 50.000 nicaragüenses, dejando a miles de familias partidas en dos, divididas física e ideológicamente”, agrega Galeano, director del popular programa televisivo Café con Voz, que se transmitía en el canal silenciado.
El periodismo independiente, en el punto de mira
El 19 de diciembre, dos días antes del asalto a 100% Noticias, el gobierno expulsó de Nicaragua a una misión de la CIDH y a un grupo de expertos internacionales de la OEA-ONU que, durante seis meses, documentó la situación y pidió investigar la responsabilidad de Ortega y del aparato estatal en la comisión de graves delitos y “crímenes de lesa humanidad”.
En este difícil contexto, el gobierno puso la mira en medios de prensa críticos a Ortega, como el canal 100% Noticias y la publicación “Confidencial”, que dirige el conocido periodista Carlos Fernando Chamorro y que también sufrió allanamiento y confiscación de sus oficinas este mismo mes, cuando, además, fueron proscritas nueve ONG de reconocido prestigio.
“A los periodistas independientes nos atribuyen la responsabilidad de esta crisis profunda por el solo hecho de decir la verdad, por mantener nuestros programas de opinión para debatir lo que ocurre, por mostrar las pruebas documentales de esta barbarie”, dice Galeano al exaltar la importancia de la denuncia de miles de ciudadanos de a pie que, con sus teléfonos celulares, grabaron incontables episodios de represión y los enviaron al canal, desde donde eran transmitidos al mundo.
Lucía Pineda y Miguel Mora son los primeros periodistas encarcelados por el gobierno, que les acusa de “fomentar el odio e incitar a la violencia”. Desde el viernes permanecen en la cárcel policial de “El Chipote” en Managua y un juez fijó la audiencia preliminar para ambos el próximo 25 de enero de 2019.
Su colega Luis Galeano no descarta ser apresado también, pero advierte que seguirá escondido “porque no estoy dispuesto a enfrentar una justicia que no tiene nada de justa y que ha sido el principal brazo de ejecución de los crímenes sin límites de Ortega”.
¿Dónde está la comunidad internacional?
A su juicio, la comunidad internacional ya ha despertado a la realidad nicaragüense pero “debería actuar con mayor beligerancia y rapidez para impedir que Daniel Ortega termine de destruir el país, que siga apresando y torturando gente y que la población de Nicaragua, que lleva más de ocho meses bajo una represión feroz, decida irse a la violencia, pues eso significaría un mayor derramamiento de sangre”.
La clausura de 100% Noticias y el arresto de sus periodistas motivó el repudio de la organización de escritores PEN Internacional, cuya filial en Nicaragua la preside la poeta y novelista Gioconda Belli, y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), cuya directora, María Elvira Domínguez, consideró además la acción como un grave atropello contra las libertades de expresión e información.
En Nicaragua, la condena fue unánime entre defensores de derechos humanos, que rechazaron “los intentos del gobierno de criminalizar el derecho a la información”.
“Los periodistas en Nicaragua están ahora en total indefensión y expuestos a arrestos ilegales y procesos judiciales arbitrarios, pues la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial se han convertido en verdugos de la población”, dijo Marcos Carmona, directivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
También se conoció la protesta del obispo católico Silvio Báez, la figura más crítica del poder dentro de la Conferencia Episcopal, que calificó lo ocurrido con 100% Noticias de “reprochable e inaceptable”. “No creo que éste sea el camino para reconstruir la sociedad nicaragüense y espero que (el Gobierno) sepa rectificar, ya que estas acciones contra la libertad de prensa dejan muy mal visto al país a nivel internacional”, subrayó.
