Internacional
Miércoles 17 octubre de 2018 | Publicado a las 08:39
Condenan a 17 a√Īos de prisi√≥n a opositores nicarag√ľenses acusados de terrorismo
Publicado por: Diego Vera La información es de: Agence France-Presse
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Tres estudiantes nicarag√ľenses fueron condenados este martes a 17 a√Īos de c√°rcel tras ser encontrados culpables del delito de terrorismo, en uno de los procesos judiciales contra opositores que han participado en las protestas antigubernamentales que se desarrollan desde abril, inform√≥ la defensa.

El juez s√©ptimo penal de Juicio, Melvin Vargas, impuso 17 a√Īos y seis meses de c√°rcel a Kevin Espinoza, Marlon Fonseca y Hanssel V√°zquez, encontrados culpables de terrorismo y otros delitos.

Las penas impuestas son de 15 a√Īos por terrorismo, dos por tr√°fico de armas y seis meses por entorpecimiento de servicios p√ļblicos, este √ļltimo referido a la colocaci√≥n de tranques o bloqueos en calles de varios puntos del pa√≠s.

La fiscal√≠a hab√≠a solicitado para los tres procesados la pena m√°xima de 30 a√Īos que contempla la legislaci√≥n.

El abogado de la defensa, Julio Montenegro, en declaraciones a la prensa calific√≥ la sentencia como “nula”, argumentando que los j√≥venes fueron detenidos por paramilitares y los cargos que se les imputan no fueron probados por la fiscal√≠a.

El jurista consider√≥ que la ley que tipifica el delito de terrorismo aprobada en junio por el parlamento es aplicada “de forma maliciosa” a las personas que han participado en protestas.

“Este proceso ha sido ilegal, arbitrario desde el momento que fueron secuestrados (detenidos) por paramilitares. Las audiencias han sido herm√©ticas (…) han presentado testigos falsos en el juicio” dijo de su lado a la prensa Brenda Guti√©rrez, madre de Espinoza.

Organismos de derechos humanos estiman que al menos 300 personas de 500 que han sido detenidas en el contexto de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, est√°n en proceso judicial bajo cargos de terrorismo y crimen organizado.

Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al sistema de pensiones pero tras la violencia en la que han muerto más de 320 personas, se transformó en una demanda para la renuncia de Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo.

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