El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia solicitó este miércoles al Parlamento que autorice un juicio de responsabilidades para el exmandatario Carlos Mesa, potencial candidato opositor para la presidencia, por la reversión de concesiones mineras a una firma chilena en 2004.
El TSJ “ha emitido la resolución correspondiente para disponer la remisión del requerimiento acusatorio ante la Asamblea Legislativa, a efectos de que ella determine lo que corresponda en el ámbito de sus competencias”, dijo en rueda de prensa su presidente José Antonio Revilla.
Mesa, de 64 años, es historiador, periodista y en la actualidad desempeña el rol de vocero internacional de Bolivia en la demanda planteada contra Chile, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde reclama una salida al océano Pacífico.
La Fiscalía acusa al exjefe de Estado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El Tribunal Supremo de Justicia analizó el pedido de la Fiscalía General de un juicio para el exmandatario y remitió la solicitud al Congreso, controlado por el oficialismo.
De acuerdo al procedimiento, el poder Legislativo, por dos tercios de sus miembros, debe aprobar el juicio de responsabilidades y el caso retorna nuevamente al TSJ para una sentencia final, en un trámite que se perfila lento y moroso.
El magistrado Revilla explicó, citado luego por el diario La Razón, que se agotó “una etapa de antejuicio, no se está juzgando ni está comenzando procedimiento. Se está remitiendo el requerimiento acusatorio a la Asamblea Legislativa”.
La demanda de proceso surge tras el fallo emitido por un tribunal arbitral del Banco Mundial (BM), que ordenó a Bolivia compensar a la chilena Quiborax por la reversión de sus concesiones mineras de ulexita en el Salar de Uyuni.
Bolivia indemnizó con 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras esa resolución de finales de mayo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del BM, mientras el gobierno dijo que los decretos de Mesa no se ajustaron a derecho.
Tras conocer el fallo el exgobernante, a quien la oposición visualiza como un posible contendor de Morales para las elecciones del año próximo, dijo que “lo que está claro es de que se trata de una persecución política, de una demolición política (y) que el gobierno quiere meterme a la cárcel”. Mesa defendió las medidas contra la empresa chilena y que la defensa ejercida por el gobierno ante el CIADI fue deficiente.
Morales detenta el poder desde 2006 y será candidato para un cuarto periodo (2020-2025).
