La decisión del Congreso Nacional Africano (ANC) de que el presidente Jacob Zuma abandone en forma anticipada el poder, sin cumplir totalmente con su segundo mandato que vence en 2019, según los medios de prensa sudafricanos, puede concretarse de tres maneras diferentes.

Renuncia

La renuncia anticipada del jefe de estado ya tiene un precedente en 2008, cuando el propio Jacob Zuma, en aquel entonces líder de la ANC, impulsó la renuncia de Thabo Mbeki a través de una decisión del partido. Mbeki renunció ocho meses antes del fin de su mandato.

Esta es la solución que privilegia Cyril Ramaphosa, actual líder del ANC, que no quiere “humillar” a Zuma.

En Sudáfrica, la legitimidad del jefe de estado depende del partido, debido a que el presidente es elegido por los diputados y no por sufragio universal.

Si Jacob Zuma renuncia, Cyril Ramaphosa será presidente interino hasta la elección de un nuevo parlamento en un plazo de 30 días.

La desconfianza

Si Zuma se niega a renunciar, el ANC puede presentar en el parlamento una moción de desconfianza para derribar al presidente y el gobierno.

La moción debe obtener la mayoría absoluta de 201 diputados sobre 400.

Exasperada por los escándalos de corrupción que salpican al presidente, la oposición presentó en los últimos meses varias mociones de desconfianza que no fueron aprobadas ya que el ANC, con 249 diputados, es ampliamente mayoritario en el parlamento.

La oposición presentó una nueva moción de censura que debe ser discutida el 22 de febrero.

El ANC podría por su lado presentar su propia moción de desconfianza.

Si la moción de desconfianza obtiene los votos necesarios, el presidente del parlamento ejerce la presidencia del país en forma interina hasta la elección de un nuevo jefe de estado.

La destitución

La tercera posibilidad es un procedimiento de destitución del presidente por “grave violación de la Constitución”, “falta grave” o “incapacidad” de ejercer la función.

La moción de destitución necesita la aprobación de dos tercios de los diputados, o sea 267.

En 2016, la Corte Constitucional de Sudáfrica dictaminó que Zuma había violado la Constitución por haber renovado su propiedad con el erario público.

A fines de diciembre de 2017, la Corte Constitucional reprochó al parlamento que no hubiera pedido al presidente “que rindiera cuentas” de sus actos en ese caso y le ordenó que revisara las reglas de destitución.

El parlamento inició ese proceso de revisión que podría durar semanas, incluso meses, antes de llegar a término, lo que alejaría la perspectiva de una salida del poder de Zuma.

Si Zuma es destituido, Cyril Ramophosa ejercerá la presidencia hasta la elección de un nuevo presidente.