Esta semana, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) comunicó que la veda de la centolla llegó a su fin: el 1 de julio comenzó la temporada extractiva.
Se trata de un recurso emblemático de la región de Magallanes y Antártica Chilena y que, por su alto precio, es considerado “de lujo”.
Para tener una idea: una lata con “120 g centolla al agua” en los supermercados cuesta al menos $21 mil. Y comprar un kilo de carne de centolla magallánica bordea los $50 mil.
Desde Sernapesca, donde calificaron este producto como “apetecido”, llamaron mediante un comunicado a siempre comprarlo “únicamente en locales establecidos y autorizados, que ofrezcan centolla en envases debidamente rotulados”.
Ello, explicaron, porque gran parte de la centolla que circula en el comercio informal “proviene de hembras, cuya extracción está prohibida por una veda permanente, ya que son esenciales para la recuperación del recurso”.
“Comprar centolla de origen ilegal contribuye a la sobrexplotación y pone en riesgo la sustentabilidad de la especie”, remarcaron desde Sernapesca.
Fin de la veda de la centolla
Ximena Gallardo, directora regional de esa repartición en Magallanes, comentó que la extracción de este recurso supone “una importante actividad comercial y significa la operación de 575 embarcaciones”.
Durante el año 2024, un total de 400 embarcaciones operaron sobre este recurso y desembarcaron en conjunto 3.235 toneladas.
La talla mínima de la centolla es de 12 centímetros de longitud cefalotorácica y su captura es exclusivamente con trampas.
Las personas que trabajan sobre este recurso “tienen la obligación de informarse sobre el horario y los puntos de desembarque autorizados en la región”, dijo Sernapesca al informar la temporada de extracción.
“Recordamos, además, que el uso de redes, el transporte de ejemplares seccionados o la elaboración en lugares no autorizados se encuentra prohibido. Instamos a respetar las diferentes medidas de administración”, comunicó también.
Por todo, esta temporada se reiteró que se realizarán fiscalizaciones para asegurar el cumplimiento de la ley.