La fiscalización tiene por objetivo velar para que todas las condiciones ofrecidas por las empresas se cumplan, dijo el Servicio. En caso de detectar incumplimientos tomará las acciones que considere oportunas "para proteger a los consumidores".
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que ante la cercanía de las celebraciones del Año Nuevo 2023 estará fiscalizando a las productoras que organizan las fiestas masivas de fin de año a lo largo del país, para corroborar que todas las condiciones ofrecidas a los asistentes se cumplan.
A diferencia de los dos últimos años, los eventos de despedida de 2022 no tendrán restricciones sanitarias ni de aforo.
Andrés Herrera, director nacional del Sernac, explicó que estas gestiones tienen como objetivo que las empresas encargadas de organizar estos eventos sean profesionales y cumplan al pie de la letra con todo lo comprometido previamente a los asistentes.
“Si las empresas ofrecen determinadas condiciones a los asistentes, por ejemplo, bar abierto toda la noche, presencia de artistas, cierta cantidad de ambientes, estacionamientos, por mencionar algunas, éstas deben ser respetadas. De lo contrario, estaríamos en presencia de incumplimientos a la Ley del Consumidor”, recalcó la autoridad.
En el caso de espectáculos masivos, Herrera enfatizó que la responsabilidad de las empresas es aún más importante, porque cualquier incumplimiento puede generar problemas que afecten la seguridad de los asistentes.
En este sentido, la autoridad indicó que es relevante que las empresas se hagan cargo de la seguridad de los asistentes durante todo el espectáculo, desde que las personas llegan al recinto, durante la realización del evento y hasta el momento que abandonan el lugar.
“Se trata de eventos irrepetibles, que se dan una vez al año, por lo que cualquier incumplimiento de las condiciones ofrecidas causan gran frustración, lo que se agrava cuando se arriesga la seguridad de las personas, si no se toman las medidas que correspondan previamente”, señaló el director del Sernac.
La Ley establece que los organizadores de espectáculos públicos, que pongan en venta una cantidad de localidades que supere la capacidad del respectivo recinto, se exponen a multas que pueden llegar hasta las 2.250 Unidades Tributarias Mensuales, esto es, cerca de cerca de 138 millones de pesos.
NOTICIA PATROCINADA
presentado por:
