Mañana martes el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) presentará el informe que le ordenó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), con el propósito de esclarecer el apagón del 25 de febrero.
Ese día casi todo Chile quedó a oscuras: más de 19 millones de personas no contaron con el suministro.
En el marco de las declaraciones y exposiciones de las autoridades en el Congreso, los últimos antecedentes apuntaron a un problema que va más allá de una simple falla: una falta de resiliencia del sistema eléctrico en general y de coordinación del sector público-privado.
Se espera que el informe del CEN, que además contará con la mirada de una consultora internacional, detalle la bitácora de los hechos y el porqué Isa InterChile -empresa dueña de la línea que falló- actuó sin la autorización del Coordinador.
Se buscará, asimismo, determinar quién deberá asumir la responsabilidad de lo ocurrido.
Si la investigación determina culpabilidad de la empresa, parlamentarios pedirán aumentar las sanciones e, incluso, que se discuta una responsabilidad penal, considerando los fallecimiento de pacientes electrodependientes durante el día del apagón.
En otra vereda están quienes aseguran que se trata de un problema de Estado, que viene arrastrándose hace al menos seis años en Chile. De ahí que usando como argumento la imagen del Palacio de La Moneda sin luz, emplazaron a que el CEN ponga cargos a disposición.
Sobre eso, el Ejecutivo ya ha dejado entrever que las empresas privadas, por ley, deben tener planes de contingencia en caso de una interrupción del suministro.
En los análisis en el Congreso, también se ha señalado que el megacorte afectó la “imagen” del país, dejando en vilo un tema de seguridad y conectividad.
Desde el sector privado esperarán un informe técnico, que para algunos tampoco responderá a las falencias de una ley que, a juicio de algunos expertos, debe ser “modificada”.
Voces como las del director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, opinaron que se trató de un evento que era del todo evitable o, más bien, de una situación en la que las empresas deben estar a la altura para poder responder dentro de los plazos que determina la normativa vigente.
Lo que no se ha logrado esclarecer es por qué si los antecedentes previos revelaron que la falla se reportó al menos dos horas antes, los protocolos preventivos o la respuesta ante la emergencia terminó en una crisis como la que hoy tiene polarizado al mundo técnico y la esfera política.
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