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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Siete personas, incluyendo seis médicos extranjeros y un representante legal de un centro de salud, fueron formalizadas por emitir licencias médicas fraudulentas en el Octavo Juzgado de Garantía. El Ministerio Público pidió prisión preventiva para todos los acusados por delitos como fraude y asociación ilícita, con un perjuicio a Fonasa de $20.871.585.331. Funcionarios públicos habrían usado estas licencias para viajar al extranjero o asistir a casinos.

Este lunes se vivió una nueva jornada en la formalización de siete personas -seis médicos extranjeros y un representante legal de un centro de salud- en el Octavo Juzgado de Garantía. Todos acusados de la emisión fraudulenta de licencias médicas.

El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de todos los involucrados.

Los imputados están siendo formalizados por los delitos de emisión de licencias médicas falsas, fraude de subvenciones y asociación delictiva en virtud del artículo 294 del Código Penal -consumado y reiterado- en calidad de autores para los dueños del centro médico.

Cabe señalar que la red es acusada de emitir un total de 35.978 documentos entre los años 2021 y 2024, generando un perjuicio a Fonasa de $20.871.585.331. Asimismo, se señaló que de las más de 35 mil licencias emitidas, 26.559 fueron pagadas.

Este esquema coincide con un informe de la Contraloría General de la República que detectó a funcionarios públicos utilizando estos permisos para viajar al extranjero o asistir a casinos.

Radio Bío Bío accedió a los nombres de los imputados:

Manuel Tejera Altamar, colombiano

Einer Ramírez Flores, colombiano

Edgar Camelo León, colombiano

Roger Sebastián Llapo, peruano

Krissy Mora Duarte, venezolana

Mayra De la Fuente Aguilar, cubana

Jorge Luis Galvis Machado, colombiano

La formalización continuará este martes a partir de las 10 horas. La Fiscalía de Alta Complejidad solicitó audiencia para formalizar a los 318 funcionarios públicos que compraron licencias médicas a los profesionales detenidos.