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El Senado aprobó la Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, lo que implica su remoción inmediata del máximo tribunal del país, en medio de la crisis que vive el Poder Judicial. La votación se realizó tras la aprobación del libelo por la Cámara de Diputados, relacionado con la "trama bielorrusa" del Caso Audio. Simpertigue negó los cargos de notable abandono de deberes. Es el tercer ministro de la Suprema destituido este año.

El Senado aprobó la Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, decisión que implica su remoción inmediata del máximo tribunal del país, en un episodio que se suma a la grave crisis que enfrenta el Poder Judicial.

Solo bastaba que con uno de los tres capítulos fuera aprobado para la destitución del magistrado avanzara. La votación del primero fue aprobada por la unanimidad de la sala, mientras que el segundo capítulo fue rechazado por 18 votos a favor, 3 en contra y 20 abstenciones. Por su parte, el tercer apartado fue aprobado por 33 a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.

La votación se realizó la tarde de este lunes, luego que durante la mañana la Sala analizara el libelo aprobado previamente por la Cámara de Diputadas y Diputados, en el marco de su vinculación con la denominada “trama bielorrusa” del Caso Audio, uno de los escándalos más graves que han afectado al sistema judicial chileno en décadas.

Horas antes de la votación, Simpertigue había negado tajantemente los cargos de notable abandono de deberes en su contra: “Nunca ha habido ninguna irregularidad”, afirmó.

Con Simpertigue, son 3 los ministros de la Corte Suprema que han sido destituidos de su cargo durante 2025.

Senado aprueba AC y remueve a ministro de la Suprema Diego Simpertigue

La acusación fue presentada por las y los diputados Arturo Barrios, Daniella Cicardini, Luis Cuello, Ana María Gazmuri, Daniel Manouchehri, Daniel Melo, Emilia Nuyado, Lorena Pizarro, Matías Ramírez, Leonardo Soto y Carolina Tello, y se estructuró en tres capítulos.

El primero acusa al ahora exministro de una falta notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en la causa BelAz Movitec, sosteniendo que intervino directamente en resoluciones que beneficiaron a un consorcio de origen bielorruso por montos superiores a los $11 mil millones.

El segundo capítulo apunta a un conflicto de interés en nombramientos notariales, al permitir que su hijastro fuera designado notario interino en una de las notarías más lucrativas de la jurisdicción de San Miguel, mientras él tenía funciones de supervisión sobre dicha corte.

Finalmente, el tercer capítulo se refiere al caso Fundamenta, donde Simpertigue habría participado en la resolución que favoreció al proyecto inmobiliario EcoEgaña y, semanas después, compartido un crucero con abogados vinculados a la causa.

Crisis institucional

La remoción de Simpertigue —que se suma a la de los exministros supremos Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, y a las destituciones de Antonio Ulloa y Verónica Sabaj de la Corte de Apelaciones de Santiago— confirma y profundiza un deterioro estructural del Poder Judicial, marcado por graves fallas en los estándares de probidad, independencia e imparcialidad de sus más altas autoridades.