Los primeros días de agosto, Corona S.A. informó al mercado su decisión de acogerse a la Ley 20.720, iniciando así un proceso de reorganización judicial para enfrentar los compromisos financieros con sus acreedores.
Dicha decisión voluntaria fue impulsada por sus accionistas ante las dificultades que ha enfrentado la compañía para operar con normalidad sus tiendas debido a la crisis relacionada al covid-19 y al estallido social del año pasado, con la consecuente baja en sus ventas.
Hace casi un año, Corona sufrió una serie de ataques, robos y vandalismo en parte importante de sus tiendas, además de saqueos reiterados en 13 de ellas y el cierre temporal de algunas de estas instalaciones.
En este contexto, este viernes se confirmó que los acreedores dieron luz verde a la reorganización de la multitienda, aprobando el plan de pagos que se había presentado.
Según detalló Diario Financiero, Corona tendrá siete años de plazo para pagar los pasivos a sus acreedores financieros; y 12 meses de plazo para ponerse al día con sus proveedores.
Conforme al citado medio, la empresa logró que se aprobara su reorganización con el 75% de los votos de la junta de acreedores.
Tres bancos, en tanto, votaron en contra de la propuesta (Consorcio, Bice y Santander). Sin mayores detalles, optaban porque Corona fuese por su quiebra o liquidación.
