Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
En la discusión del Presupuesto 2026, uno de los aspectos más destacados y cuestionados es la eliminación de la glosa republicana, generando debate y críticas de la oposición y candidatos presidenciales. Como reemplazo, se permitirá reasignar hasta un 1% del gasto público. En este sentido, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que no van a reponer la glosa, y reconoció que la próxima administración tendrá prioridades presupuestarias distintas, por lo que podrá reasignar gasto.
Continúa la discusión del proyecto de Presupuesto 2026, donde esta jornada la discusión se centró en los gobiernos regionales, mientras que durante la semana se espera la presentación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que dará sus observaciones al respecto.
En este contexto, es que siguen los cuestionamientos a la eliminación de la tradicional “glosa republicana”, consistente en recursos de libre disposición dejados por la administración al gobierno entrante.
Y aunque desde la oposición han exigido la reposición, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sentenció que el Ejecutivo adoptó la recomendación hecha al respecto y que mantendrán la opción de reasignar hasta un 1% del gasto público.
Con ello, reconoció que es muy probable que la próxima administración tenga “prioridades distintas a la administración actual”.
La lista de recomendaciones se hicieron con tal de poder ajustar y contener el aumento del gasto. Sin embargo, la eliminación de la glosa republicana cayó sorpresivamente en el espectro político y conllevó críticas también de los candidatos presidenciales.
Ahora bien, consultado nuevamente por la situación, Grau insistió nuevamente que el debate sobre la reposición de la glosa republicana puede darse, pero que el Gobierno ya adoptó el acogerse a la recomendación de la comisión asesora.
De esta forma, el jefe de las finanzas públicas sostiene que están dando “suficientes libertades a la siguiente administración para efectos de reasignar los recursos, que eso es justamente podría requerir la siguiente administración que, sin importar cuál sea su signo político, es muy probable que tenga prioridades distintas” a la actual.
Originalmente, la propuesta de la Comisión Asesora -que operó al alero de la Dipres- apuntaba a que se podría reajustar hasta un 10% del gasto. Sin embargo, el Ejecutivo terminó por determinar que fuera hasta un 1%.
Por otro lado, otra propuesta entregada al Gobierno fue la congelación de los sueldos a los niveles nominales de 2025, lo que, en teoría, haría impracticable un reajuste al sector público.
La incorporación de esto en el proyecto de Presupuesto 2026 desató las críticas desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), donde el presidente de la primera dijo que los funcionarios “no deben pagar los ajustes del Estado”.
Por ello, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, salió a poner paños fríos, pidiendo no adelantarse a una conversación que se dará “como cada año”.
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