Este martes, a través de un comunicado, la Contraloría General de la República (CGR) reveló antecedentes que estarían lapidando el trabajo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en lo que compete a su rol fiscalizador de las empresas eléctricas que operan en Chile.
Incluso, dijo que detectó que la SEC fiscalizó “deficientemente” a las empresas respecto de las gestiones para asistir a las personas electrodependientes, al solo dar cuenta de la revisión de 25 pacientes de esa calidad, de un universo de 3.865 registrados en la región Metropolitana.
“(…) Se verificó que se actuó en otros 77 casos a requerimiento de los municipios, donde la SEC remitió la información a Enel Distribución, pero no verificó las acciones hechas por la compañía”, señaló la Contraloría.
Todo ello, en el contexto de los cortes del suministro eléctrico que ocurrieron en 2024.
Cortes de luz 2024: Contraloría constató deficiente control de SEC a empresas distribuidoras
La Contraloría General detectó múltiples hechos que demuestran “el escaso control” de la SEC a las empresas de distribución eléctrica.
Lo anterior, al fiscalizar la actuación de dicho servicio tras los prolongados cortes de electricidad ocurridos en 2024, en Santiago.
En la “Investigación Especial N° 64 de 2025”, la Contraloría explicó que se enfocó en las acciones de fiscalización efectuadas por la SEC respecto de la labor efectuada por las empresas mencionadas ante los cortes de suministro que afectaron a numerosas comunas de la capital.
Asimismo, se examinaron los planes de poda de árboles vigentes en cinco comunas de la región Metropolitana afectadas por el sistema frontal ocurrido en esa época.
Personas electrodependientes
En primer lugar, el informe detalló que la SEC “no fiscalizó la implementación de soluciones técnicas, de carácter temporal o permanente, adoptadas por las empresas distribuidoras de electricidad, para mitigar los efectos que las interrupciones del suministro pudieran tener en los hogares de la capital y, especialmente, en los equipos utilizados por personas electrodependientes”.
Por este hecho, se deberá iniciar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
En paralelo, la SEC tendrá que elaborar -en un plazo de 60 días hábiles- un protocolo de fiscalización para verificar en terreno las medidas de mitigación adoptadas por las empresas de distribución eléctrica para pacientes de este tipo.
Respecto del mismo tema, se constató que SEC fiscalizó deficientemente a las empresas respecto de las gestiones para asistir a las personas electrodependientes.
“Así, la Superintendencia solo dio cuenta de la revisión de 25 pacientes de esa calidad, de un universo de 3.865 registrados en la RM. Asimismo, se verificó que se actuó en otros 77 casos a requerimiento de los municipios, donde SEC remitió la información a Enel Distribución, pero no verificó las acciones hechas por la compañía”, sostuvo la Contraloría.
Adicionalmente, el servicio tampoco dispuso controles para confirmar el cumplimiento de los requerimientos de pacientes electrodependientes y que son clientes de la Empresa Eléctrica de Puente Alto, Compañía General de Electricidad y Empresa Eléctrico Colina y Til Til.
Si bien con posterioridad al evento climático sí se hicieron acciones para asistir a las personas en la calidad mencionada, estas fueron efectuadas “recién dos meses después de lo ocurrido”.
Todo lo anterior deberá incorporarse al procedimiento sumarial, sentenció la Contraloría.
Planes de mantenimiento y contingencias sin control
La Contraloría, además, determinó que la SEC no realizó fiscalizaciones indirectas y/o directas sobre la ejecución de los Planes de Mantenimiento y de los Planes de Invierno ingresados por Enel Distribución durante el año pasado, por lo que no verificó la ejecución de las actividades comprometidas.
Lo anterior, se precisó, “conlleva el riesgo de que las instalaciones eléctricas no se encuentren en buen estado, pudiendo afectar la calidad del suministro, impactando negativamente en la ciudadanía o el entorno”.
En esa línea, se comprobó que los antecedentes probatorios de la ejecución de los planes ingresados por Enel Distribución a la plataforma “Planes de Acción 2.0”, presentan deficiencias como, datos no relacionados con la actividad ejecutada o asociados a otra acción e incluso a otro plan, además de inconsistencias en los registros.
Caso similar ocurrió con los Planes de Contingencia presentados por Enel. Así, se determinó que la Superintendencia no realizó fiscalizaciones.
Poda de árboles
Por último, el informe indicó que si bien los municipios de Colina, Lampa y Macul enviaron a la CGR actividades de poda para la comuna, estos no cuentan con información suficiente que respalde la real ejecución de los trabajos correspondientes a 2024, “lo cual impide verificar la condición de los árboles”.
Así, los municipios aludidos deberán establecer una medida de control para que los trabajos de poda que se ejecuten estén debidamente respaldados.
En el mismo sentido, el 22 de septiembre de 2023 y durante 2024, Enel envió cartas a las municipalidades de Colina, Lampa, Lo Barnechea, Macul y Maipú “sugiriendo diagnosticar la condición de múltiples árboles catalogados como bien nacional de uso público que se encontraban con proyección de caída”.
Solo Maipú efectuó íntegramente dicha acción, comentó la Contraloría en su reporte.
El no realizar este procedimiento en las otras cuatro comunas “dificultó la identificación oportuna de la arbolada que necesitaba ser intervenida, previniendo posibles interrupciones de suministro eléctrico o compromiso de la seguridad de las personas”.
Al respecto, las municipalidades que no han realizado el diagnóstico deberán elaborar dicho documento.
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