El Ministerio de Interior del país tenía relaciones contractuales -por ejemplo- con una empresa cuyos propietarios eran sospechosos de tratar de eludir las sanciones de Estados Unidos contra Irán y, además, contra la que pesaban sospechas de lavado de dinero, soborno y otras actividades delictivas.
Australia otorgó contratos multimillonarios a empresas con presuntos vínculos con el contrabando de armas, drogas y personas, entre otros delitos graves, debido a la falta de “comprobaciones debidas” durante el anterior Gobierno, según un informe publicado este lunes por el Gobierno del país oceánico.
La información fue confirmada por la ministra de Interior, Claire O’Neil, quien dijo que el informe apunta que, bajo la administración del ahora líder opositor y exministro de Interior y Defensa, Peter Dutton, “los contratos de Interior canalizaron millones hacia empresas que supuestamente estaban involucradas en delitos penales graves”.
“Estamos hablando aquí de cosas como el tráfico de drogas, de seres humanos, la subversión de las sanciones contra Irán y otras actividades criminales. Este informe plantea preguntas importantes a Peter Dutton”, afirmó la ministra.
“Los dólares de los contribuyentes australianos se utilizaron para canalizarlos hacia entidades que los utilizaban para conductas delictivas”, completó.
Según recoge la cadena pública ABC, el Gobierno australiano puso en marcha una investigación después de que surgieran preguntas sobre la conducta del Ministerio de Interior de la Coalición Liberal-Nacional (2013-2022), de la que Dutton es uno de los líderes, en sus contratos con centros de procesamiento de solicitantes de asilo en el extranjero.
El informe fue elaborado por el exsecretario del Departamento de Defensa Dennis Richardson, quien concluyó que le “faltaba las debidas comprobaciones” al departamento y señaló que “las agencias pertinentes tenían consultas activas o investigaciones en curso”.
Richardson descubrió que el Ministerio de Interior tenía relaciones contractuales con una empresa cuyos propietarios eran sospechosos de tratar de eludir las sanciones de Estados Unidos contra Irán y, además, contra la que pesaban sospechas de lavado de dinero, soborno y otras actividades delictivas.
Asimismo, los contratos supuestamente beneficiaron algunas compañías investigadas por la Policía Federal, y también a una empresa cuyo director general estaba siendo investigado por posible contrabando de drogas y armas a Australia.
Según el reporte, la adjudicación se dio debido a que la coordinación, la comunicación y los flujos de información dentro del Ministerio del Interior eran “inadecuados”, al igual que la comunicación entre el Ministerio del Interior y otras áreas del Gobierno, incluida la Policía Federal Australiana.
