Ante la petición de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) de replantearse la actual Ley de Fraudes, Flor Weisse y Cristhian Moreira expresaron su disgusto, fundamentando que con eso se estaría suponiendo que los clientes intentan estafar.
El mes pasado, José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones (ABIF), expuso en el Seminario Ley Fintec y Finanzas Abiertas: los próximos desafíos de la industria financiera, su preocupación ante el aumento de fraudes que, alerta, se ha dado desde 2020, año en que entró en vigencia la Ley de Fraudes.
Con eso, la ABIF pidió revisar la legislación que regula los fraudes financieros y que protege a los clientes ante este tipo de ilícitos y les permite recuperar el dinero defraudado por parte de los bancos.
Frente a eso, los diputados de la UDI, Flor Weisse y Cristhian Moreira se opusieron, argumentando que “esta petición es injustificada, y significa no entender nada de los cambios sociales a favor de los consumidores”.
Como fundamento, expresan que “están presumiendo que los clientes intentan estafar a los bancos cuando la buena fe se presume, y si hay alguno que cometa estos delitos, es evidente que quien tiene la estructura para querellarse contra ellos son las instituciones financieras”.
Según se expone en Chócale, a juicio de los parlamentarios “es increíble que la ABIF quiera volver a la legislación anterior donde era el cliente quien tenía que ir a tribunales para recuperar su dinero sustraído por parte de estafadores y el Banco era quien se lavaba las manos”.
Ley de Fraudes
Como indica la CMF, “la Ley de Fraudes, Ley 21.234 de 2020 limita la responsabilidad del usuario de medios de pago y transacciones electrónicas ante el caso de extravío, hurto, robo o fraude”, aplicando a instrumentos como Tarjetas de crédito, de débito, tarjetas de pago con provisión de fondos y transacciones electrónicas.
Para el presidente de la ABIF, esto es una dificultad para llevar a cabo la Ley Fintech, que promueve la innovación y la tecnología en la prestación de servicios financieros, ya que “es una ley que pone obstáculos para poder hacer que la responsabilidad en el medio de pago digital, en lo que corresponde a los fraudes, sea el asociado a las mejores prácticas”.
Adicionalmente, otros expertos han adjudicado a dicha ley el aumento de fraudes, ya que en 2022, 322.959 personas han reportado ser víctimas de de eso, ascendiendo el monto total defraudado a US $139 millones.
Los diputados Flor Weisse y Cristhian Moreira finalizan asegurando que “no existe ninguna posibilidad que haya cambio legislativo en esta materia, así que los clientes no deben preocuparse ni atemorizarse, porque hay una ley ya en esa línea aprobado por el Congreso”.
