Durante la mañana del martes 25 de abril, se aprobó el 1er articulo de la iniciativa que busca delimitar con normativa propia el impuesto a la minería. Se espera que los aspectos más polémicos del texto (como la tasa tributaria máxima del 47%), sean votados posterior a la elección de constituyentes.

La comisión de Hacienda del Senato votó y aprobó el primer artículo de la iniciativa que busca implementar un impuesto de royalty a la minería chilena.

Según informa Pulso, se contó con el voto favorable de todos los integrantes de la comisión: Juan Antonio Coloma (UDI), José García Ruminot (RN), Ricardo Lagos Weber (PPD), Daniel Núñez (PD) y José Miguel Insulza (PS).

En ese aspecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó al diario que las normas del royalty “son una legislación autocontenida, ya que anteriormente estaba incluida en la ley del impuesto a la renta, y ahora pasa a ser una ley en sí misma, donde las principales modificaciones están contenidas en los artículos 2 y 3, para los explotadores con producción superior a 50 mil toneladas”.

Queda a la espera votación de tasa máxima del royalty

A pesar de que la votación del primer artículo logró total consenso dentro de la comisión, aspectos como la propuesta de carga máxima imponible, la cual había sido reducida por el gobierno de un 50% a un 48%, sigue despertando dudas desde ciertos sectores.

Debido a esto, desde el ejecutivo previamente se abrieron a rebajarla a un 47% para el caso de las grandes compañías, lo que se espera sea votado posterior a las elecciones de consejeros constitucionales del 7 de mayo, citó Diario Financiero.

Para el caso de aquellos explotadores cuyas ventas sean hasta de 80 mil toneladas de cobre fino, se limitó la carga tributaria máxima a un 45,5%.

Por último, se eliminó del título del proyecto la alusión al litio, haciendo única mención a la minería, definiendo los productos afectos a esta ley como “las sustancias minerales de carácter concesible ya extraída”. Por tanto, según el ministro Marcel, se excluye al mineral blanco dada su protección de rango constitucional, detalló Pulso.