Plan de Gestión y Transformación de Ciudad: Instrumento para enfrentar la enormidad de los desafíos de vivienda y ciudad.
Chile conquistó recientemente la oportunidad de exigir, proponer y definir una nueva constitución. La revuelta, la represión, los acuerdos institucionales, el plebiscito, las elecciones y la inauguración de la Convención Constitucional dan pie a este proceso. Está dado el espacio político necesario para articular cambios estructurales y respuestas inmediatas al severo deterioro de las condiciones de la mayoría de la población, la más pobre, de chilenas, chilenos y migrantes, en un contexto general de empobrecimiento y desconfianza.
La enormidad del problema habitacional actual guarda relación con la desigualdad, la exclusión y la explotación de nuestras ciudades. Son engranajes exacerbados por 40 años de neoliberalismo, que reducen la expectativa de vida, agravan la salud y la educación, profundizan la discriminación, la violencia y la inseguridad. Se manifiestan en ciudades más desiguales y segregadas, entre muchos fragmentos que no alcanzan el estatus de ciudad. Esta situación exige repensar los instrumentos de planificación en un doble sentido, de regulación y de capacidad de gestión.
Estas desigualdades plantean también al gran desafío habitacional, en áreas urbanas y rurales: entre otros, el alza de los costos de acceso a la vivienda en propiedad y arriendo; la especulación del suelo y de la vivienda; la precarización del stock de vivienda de los sectores de menores ingresos, tanto en condominios de vivienda social como en poblaciones tradicionales; los abusos en subarriendos de piezas en nuevos conventillos y cités; las incongruencias de las nano-viviendas en inmensas torres de departamentos en arriendo; y la multiplicación de las tomas y campamentos.
Para enfrentar la enormidad del problema habitacional, tenemos desde hace treinta meses en debate parlamentario un proyecto de ley denominado de ‘integración social y urbana’. Desde nuestro Comité de Hábitat y Vivienda, hemos seguido de cerca las deliberaciones en la Cámara de Diputados (de diciembre 2018 a octubre 2019) y en el Senado (desde abril de 2020). No creemos que esta ley pueda contribuir a resolver el problema. Objetamos las propuestas predominantes, basadas principalmente en el beneficio urbanístico, que facilita el negocio de unos pocos por sobre de los intereses colectivos de las y los habitantes.
Hoy tras los múltiples cambios introducidos por el MINVU a este proyecto de ley, hemos optado por discutirlo desde su formulación interna. Entre especialistas y ex-autoridades del sector, proponemos reformular el perfil de este proyecto de ley, potenciando las capacidades vigentes para avanzar hacia una nueva producción del hábitat, centrada en las personas y las comunidades residentes como protagonistas, y secundada por una simplificación de gestión del suelo. Esto, a la espera de los cambios que se derivarán del proceso constitucional.
Las propuestas que formulamos como Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitecto/as de Chile se centran en diferentes observaciones y principios:
En este momento constitucional, no corresponde legislar sobre temas relativos a la estructura y las funciones del Estado y, por tanto, sus instituciones. Tampoco resulta oportuno revisar el nombre y la misión de un ministerio.
En este momento de transformación de la sociedad, es indispensable considerar la integración social y urbana como un principio de derechos humanos que sustentará la nueva constitución; no sólo como un instrumento legal relacionado a la normativa urbanística y de la construcción.
Dada la situación habitacional de emergencia, una nueva ley debe priorizar y resolver cuestiones operativas, generando capacidad de gestión. La demanda habitacional no puede esperar la aprobación de la nueva Constitución, la revisión de los marcos legales y normativos, la readecuación del marco institucional, la definición de los instrumentos de ordenamiento territorial y el replanteo de las políticas habitacionales. ¡No podemos esperar, actuemos desde ya!
Los SERVIU disponen de los instrumentos legales y normativos necesarios para realizar una gestión de suelo adecuada a la respuesta habitacional para los sectores de menores ingresos y, al mismo tiempo, para “hacer ciudad”, apuntando a superar la segregación socioespacial de las ciudades y las desigualdades territoriales. En estas circunstancias, legislar es y debe ser para potenciar la facultad del SERVIU, acrecentando esas capacidades en articulación con los Municipios y los Gobiernos Regionales.
En función de estos principios, estamos trabajando y compartiendo estos temas entre varias instancias del Colegio de Arquitecto/as de Chile, la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado y otros espacios especializados, como los equipos habitacionales y urbanos de los programas para las elecciones presidenciales. En mayo de 2021, compartimos unos avances en el documento “Integración Social y Urbana: Más allá de un proyecto de ley, propuestas para revertir la segregación urbana”.
Hoy día, elevamos nuestras propuestas al nivel de indicaciones para la legislación en particular del proyecto de ley que sigue denominándose de ‘integración social y urbana’. El 21 de julio de 2021, entregamos a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado un aporte al cuadro comparado entre la legislación vigente, el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados y las indicaciones formuladas por el Minvu a principios de 2021.
En síntesis, proponemos a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado legislar un instrumento de planificación territorial que denominamos “Plan de Gestión y Transformación de Ciudad”, o “PGT de Ciudad”.
Se trata de una herramienta de gestión pública, que representa un compromiso de inversiones públicas, de atracción de inversiones privadas de interés público. Es un instrumento de gestión comunitaria, social y cultural. A la vez, conlleva una modificación automática de los instrumentos vigentes de planificación territorial rural y urbana, que son exclusivamente regulatorios y no de gestión ni transformación de la ciudad.
Se trata de un instrumento de los Gobiernos Regionales, de oficio, por iniciativa ciudadana o municipal, que se puede aplicar a: procesos de regeneración de barrios, consolidación de campamentos, recuperación de conjuntos habitacionales de viviendas sociales, regularización de asentamientos en área rural, o reconversión urbana de terrenos que se incorporan al tejido urbano, entre otros.
La gestión, coordinación y dirección del PGT de Ciudad deberán realizarse por entes especializados dedicados específicamente a tal fin durante todo el tiempo que dure la ejecución del plan; entre ellos, consideremos a los municipios, sociedades mixtas, corporaciones de desarrollo, entidades sin fines de lucro, obligadas a dar cuenta de su labor a la autoridad regional y a mantener permanentes canales de información con la ciudadanía. Proponemos también que las ideas de un PGT de Ciudad se concreten a través de concursos públicos.
Por lo tanto, se propone transformar este proyecto de ley de integración social y urbana en una ley corta con los contenidos aquí indicados, denominada “ley de gestión y transformación de ciudad”. Esto sin perjuicio de que las leyes de presupuesto de los próximos años establezcan el marco operativo y presupuestario del plan de gestión y transformación de la ciudad.
Ricardo Cruz
Adolfo López
José Piga
Daniel Sepúlveda
Ana Sugranyes
Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitecto/as de Chile, 4 de agosto de 2021
