Decepcionado del Ministerio Público se mostró el abogado Enrique Hernández, quien representa a una de las víctimas del Caso Tsunami en la región del Bío Bío. Esto, luego de la decisión de la Fiscalía, que planteó una suspensión condicional del procedimiento, tras la fallida alerta de maremoto en febrero de 2010.
Guillermo España es una de las víctimas del tsunami. Murió luego de conducir por la ruta interportuaria, cuando vino una de las olas después del terremoto de 2010. Su esposa e hijos son representados por el abogado Enrique Hernández, quien asistió a la audiencia en que el Ministerio Público informó de la suspensión condicional del procedimiento, lo que significa que no se llegará a juicio oral.
Lo primero que molestó al abogado fue enterarse por la prensa de esa salida alternativa. Dijo que les plantearon que esa suspensión significará que los imputados deben pagar $245 millones, de los cuales $10 millones se destinarán a un seminario para evitar nuevas consecuencias drámaticas. El resto se distribuirá entre las víctimas, con un plazo de doce meses.
Además, se exige que los imputados lean una declaración pública, cuyo contenido se desconoce.
Esta medida, para el abogado de la familia de Guillermo España, es a todas luces insuficiente.
Dijo que esperan que se llegue a juicio, instancia que debería determinar las responsabilidades penales en este caso.
El abogado Hernández señala que le llama la atención que el Ministerio Público haya cambiado de decisión.
Las dudas de los querellantes surgen tras el cambio en las autoridades del Ministerio Público, particularmente de la Fiscalía Occidente de la Región Metropolitana.
“Entendemos que las víctimas fueron lo último en considerar. No podemos soslayar que (la decisión de la Fiscalía) se produzca cuando se cambian a los fiscales regional y nacional”, sentenció Hernández.
