El ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, concurrió en diciembre del año pasado, en calidad de imputado, a la Fiscalía Nacional para ser interrogado en el marco del denominado caso SQM.

No accedo a levantar el secreto bancario de las cuentas mencionadas desde julio de 2014 hasta febrero de 2014, por ahora”, respondió, al cierre de su declaración, Enríquez-Ominami ante la solicitud de los fiscales, en referencia a las cuatro cuentas bancarias de distintos bancos, declaradas por él.

Tampoco autorizó a la fiscalía a acceder al contenido de las comunicaciones de sus correos electrónicos, según consigna The Clinic.

El político fue requerido a raíz del conocimiento de dineros obtenidos por su ex jefe de campaña Cristián Warner, quien es investigado producto de la querella que presentó el Servicio de Impuestos Internos por emitir facturas presuntamente falsas a SQM y SQM Salar.

En su declaración ante a los fiscales Emiliano Arias y Carmen Gloria Segura, explicó que “pese a que hay diligencias en curso y declaradas secretas, y que está pendiente el acceso a parte de la evidencia material no guardaré silencio, declararé sobre lo que sé y sobre los hechos que me fueron leídos, así como las declaraciones a las que tuve acceso antes de hoy y a los correos electrónicos que tuve acceso de comparecencia declararé en relación a lo anterior”.

Enríquez-Ominami detalló pasajes de su vida política, de su trabajo en spots publicitarios para televisión, de sus artículos de opinión, su participación en organizaciones sociales y la formación del PRO, entre otras cosas.

Sin embargo, más tarde revirtió su postura, señalando que debido a una discrepancia entre su defensa y la fiscalía, no seguiría con la declaración e hizo uso de su derecho a guardar silencio.

Antes de terminar su declaración, entregó un ejemplar del libro “Si tú quieres Chile cambia. Nuevas ideas para un nuevo Chile”, argumentando que “sin perjuicio de mi decisión de no continuar mi declaración, quiero acompañar uno de los tantos documentos que da cuenta de nuestra posición crítica respecto del rol del Estado en la tuición o renta de los recursos naturales del cobre y litio (…) con el programa de gobierno donde fijamos posición en relación a los recursos naturales”.