En medio de la discusión de presupuestos y de inicio de la gratuidad para el próximo año, el escenario que se advierte en universidades de la región del Bío Bío es de incertidumbre. La disposición de las universidades del Bío-Bío y Católica de Concepción es a colaborar con el proceso, pero requieren certezas y transparencia desde el Ejecutivo.

Pasadas las Fiestas Patrias comienza un tiempo clave para las universidades, que deben tomar decisiones de proyección y que ahora apunta a la necesidad de adecuarse al inicio del proceso de gratuidad el próximo año para los estudiantes de los cinco primeros deciles, complementando la metodología FUAS que utilizan las casas de estudios con la del Ministerio de Desarrollo Social.

En este contexto, Radio Bío Bío conversó con representantes de universidades sobre su visión del proceso. En esto, sobresalen más dudas que certezas, y es que se entiende el norte de las políticas, pero poco del detalle.

Consultado el Vicerrector de Admnistración y Finanzas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Gonzalo Sanhueza, advierte que aún no se sabe lo que ocurrirá con los estudiantes que no estarán bajo la gratuidad y los pagos o becas que se van a determinar para ellos.

En este tema, se deben considerar las dudas sobre el modo en el que se calcularán los montos de gratuidad y, por ende, cuánto van a recibir las universidades, por ejemplo, en procesos que requieren de la redistribución de presupuestos internos.

Pero también desde el punto de vista de la definición de la “gratuidad” todavía el panorama es poco, según señalan en la UCSC, en aspectos como la duración de una carrera y los años adicionales que cubrirá el proceso.

En la Universidad del Bío-Bío, el Vicerrector de Asuntos Económicos, Francisco Gatica, coincide en que aún no se sabe la figura, los montos finales y en definitiva cómo va a operar el sistema.

En la UBB el impacto será acotado porque su brecha entre el arancel referencial y el real es bajo, de 7,8%, pero hay otras casas de estudios en que esto será realmente un tema a definir. Con todo, en la estatal ya proyectan que la cobertura sería para casi el 70% de sus alumnos.

Pero todo es supuesto aún, lo que lamentan desde la UCSC. “Nos hubiera gustado, evidentemente, tener mucha más claridad antes porque eso nos permite planificarnos, permite desarrollar lo que va a ser el próximo año, permite desarrollar los procesos de negociaciones que uno tiene al interior de la universidad con sus diferentes estamentos. Pero, hasta la fecha, eso no ha sido posible”, señaló el vicerrector de Administración y Finanzas, Gonzalo Sanhueza.

Complementando lo anterior, el encargado de Asuntos Económicos de la Universidad del Bío Bío, Francisco Gatica, asegura que se requiere comunicación permanente.

Hasta ahora la promesa del Gobierno es que ninguna universidad se verá perjudicada, en una discusión que presupuestariamente se decidirá en el Congreso, lo que inmoviliza a las propias instituciones que tampoco esperan que ésta sea una discusión exclusivamente política, en el entendido que es una parte de una reforma estructural a la educación superior, que contiene otros aspectos, los que seguirán en debate más allá de 2016.