El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil estudia reabrir una investigación sobre la campaña presidencial de Dilma Rousseff, que tiene el potencial para anular su mandato, por el presunto uso de fondos desviados del fraude a Petrobras.
Cuatro de los siete ministros ya votaron a favor de continuar con este proceso iniciado por el partido opositor PSDB (centro), pero un juez pidió un receso para reevaluar el proceso, que había sido archivado en febrero debido a que las pruebas aportadas eran “frágiles”.
Sin embargo, como el PSDB apeló ese archivamiento, ahora la demanda podría ser reabierta cuando el tribunal se reúna nuevamente para tratar el caso, un plenario que aún no tiene una fecha defindida.
Una asesora del TSE dijo el miércoles a la AFP que, cuando eso ocurra, los ministros que ya votaron pueden modificar esos dictámenes si así lo consideran.
La demanda es una de las cinco presentadas por el PSDB, derrotado en los comicios de octubre del 2014 por apenas 3 puntos porcentuales, que afirma que la fórmula Rousseff (Partido de los Trabajadores, izquierda) y Michel Temer (PMDB, centro) financió su carrera al Palacio de Planalto con donaciones de empresas ligadas al escándalo de Petrobras.
El PSDB acusa a las agrupaciones de Rousseff y de Michel Temer de “abuso de poder económico y fraude, con la realización de gastos de campaña y valor que sobrepasó el límite informado y financiación de campaña mediante donaciones oficiales de empresas contratadas por Petrobras como parte de la distribución de sobornos”.
El partido, que llevó como candidato al actual senador Aecio Neves, plantea además que hubo “manipulación en la divulgación de indicadores socioeconómicos -un abuso acumulado con la perpetración de fraude-, uso indebido de predios y equipamiento público para realizar actos propios de campaña, y vehiculización de publicidad institucional en época de veda”.
Al dar su respaldo a la continuidad de la investigación, el ministro Gilmar Mendes -también integrante de la Corte Suprema- afirmó que había indicios para “verificar si recursos provenientes de la corrupción en Petrobras fueron o no transferidos a la campaña presidencial”.
Rousseff enfrenta varios cuestionamientos que tienen el potencial para interrumpir prematuramente su mandato iniciado en enero.
La presidente enfrenta más de 10 pedidos de juicio político en el Congreso, y sus problemas se incrementan al ritmo del deterioro de la economía y con cada nueva revelación judicial del escándalo que involucró a empresarios, directivos de Petrobras y partidos políticos, entre ellos al oficialista.