El director de Chilevisión, Jaime de Aguirre, prestará declaraciones ante la Fiscalía por emitir en 2009 facturas a cuatro empresas, entre ellas, Soquimich. El alto ejecutivo habría recibido la orden de sus superiores para entregar estos documentos en momentos que el canal de televisión pertenecía al entonces candidato y actual ex presidente, Sebastián Piñera.
El escándalo Soquimich y las platas políticas podrían alcanzar al ex presidente Sebastián Piñera si la mañana de este viernes Jaime de Aguirre confirma ante la Fiscalía y el Ministerio Público que recibió órdenes de Bancorp para emitir 4 facturas por un total de 130 millones de pesos.
El ejecutivo lo hizo el 2009 a través de su empresa La Música SpA. Entre las cuatro empresas que pagaron los documentos están la de Julio Ponce Lerou y la española Aguas Andinas.
De Aguirre recibió estos dineros como bonos por su desempeño a cargo del canal que adquirió Piñera en 2005 y cuya propiedad dejó en 2009.
Las fuentes consultadas por Radio Bío-Bío indican que estos dineros correspondían a aportes a la campaña del ex mandatario, que fueron re-dirigidos, ya que estaba financiada.
Las mismas fuentes destacaron que de reconocer De Aguirre la irregularidad ante la fiscalía e impuestos internos, podría configurarse evasión tributaria, ya que se pagarían bonos por labores de un ejecutivo, a través de una empresa, en este caso La Música SpA, que está destinada a prestar servicios.
En tanto, el Servicio de Impuestos Internos se querelló por las operaciones forwards, donde las empresas involucradas aparecen generando pérdidas, y así rebajando su costo impositivo.
La primera vez que escuchamos la palabra forwards fue en el alegato de marzo del fiscal Carlos Gajardo, donde reveló 102 de esta operaciones, entre Penta, CB (del grupo Cruzat) y terceros, entre ellos, Bancorp, la empresa de inversiones del ex presidente Sebastián Piñera, que manejan sus hijos.
Sin embargo, la acción penal del ente fiscal es por 62 de estas operaciones, donde no aparecen las ligadas a Bancorp, y apunta a 26 personas, en las que se les imputa delitos tributarios, generando pérdidas para el Estado cercanas a los 2.400 millones de pesos entre 2009 y 2013.
Entre los imputados están Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, sus cónyuges, hijos, junto al grupo de Manuel Cruzat.
También entre los querellados aparece el ex gerente de Penta, Hugo Bravo, quien prestó en la última jornada su séptima declaración ante la fiscalía, la que se prolongó por cerca de 4 horas.
Tras la diligencia, su abogada Katherine Latrop, confirmó que su cliente fue uno de los que colaboró para descubrir la trama, tras los contratos forwards.
El equipo de fiscales resolvió apelar para revertir la detención domiciliaria a la que accedieron “los Carlos” tras 46 días en la cárcel Capitán Yaber, situación que deberá resolver la próxima semana la Cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Ante esta resolución del Octavo Juzgado de Garantía, se le abrió el apetito a los defensores de Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería, único imputado en esta causa con prisión preventiva efectiva, la cautelar más gravosa, quien pidieron audiencia para revisar la cautelar.
