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Las nuevas reglas que pretende introducir el proyecto de Ley Antiterrorista
Publicado por: Néstor Aburto
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Ayer lunes, la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado entregó al Gobierno una propuesta para modificar la Ley Atiterrorista, cuya iniciativa contempla cambios sustantivos, como utilizar agentes encubiertos para investigar atentados y acortar el tiempo para realizar esas investigaciones.

El ministro del Interior, Rodrigo Pe√Īailillo, indic√≥ que el proyecto de ley ingresar√° a tr√°mite al Congreso con urgencia simple y que el Gobierno espera “un debate a fondo”.

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La propuesta de la nueva ley antiterrorista, seg√ļn documentos obtenidos por BioBioChile, pretende perseguir aquellos cr√≠menes que intentan socavar el orden democr√°tico, que hayan sido cometidos por organizaciones o individuos, seg√ļn el proyecto. Las materias que aborda est√°n divididas en el √°mbito penal y en el √°mbito procesal penal.

Cambios al Código Penal:

A diferencia de la actual legislaci√≥n que contempla que los autores del il√≠cito deben buscar infundir temor en la poblaci√≥n, la nueva normativa persigue cr√≠menes cuyo prop√≥sito sea “socavar o destruir el orden institucional democr√°tico, imponer exigencias a la autoridad pol√≠tica, arrancar decisiones de √©sta, alterar gravemente el orden p√ļblico o infundir temor generalizado en la poblaci√≥n de p√©rdida o privaci√≥n de derechos fundamentales‚ÄĚ.

Otro aspecto importante, es que se crea la figura de “asociaci√≥n criminal terrorista” y la “delincuencia terrorista”. Establece adem√°s, que se considera una asociaci√≥n criminal terrorista a aquella que tenga como fin cometer cr√≠menes de lesa humanidad o genocidio.

La nueva ley establece que se sanciona a los integrantes que hubieren fundado o contribuido a fundar este tipo de asociación o a quien provea financiamiento a la misma. También sanciona a quien integre activamente esta asociación y al que directa o indirectamente solicite, ofrezca, recaude, gestione o provea fondos destinados al financiamiento.

Se tipific√≥ adem√°s al “terrorista solitario” y se estableci√≥ que se podr√° sancionar “al individuo que, sin pertenecer a una organizaci√≥n o grupo y habiendo tomado parte o ejecutado alguno de los delitos se√Īalados, lo hubiese hecho persiguiendo las finalidades‚ÄĚ o prop√≥sitos de una organizaci√≥n o agrupaci√≥n terrorista. Asimismo, sanciona a quien haya participado en alguno de los delitos graves que pena la ley adscribiendo o adhiriendo “positivamente a los prop√≥sitos concretos de perpetraci√≥n de los cr√≠menes, manifestados por organizaciones, asociaciones o grupos nacionales o extranjeros‚ÄĚ.

Se establece adem√°s, que las investigaciones a que dieren lugar los delitos de asociaci√≥n criminal terrorista o financiaci√≥n al terrorismo se iniciar√°n por querella del Ministerio del Interior y Seguridad P√ļblica, de oficio y por reglas generales. Tambi√©n se pretenden introducir reglas especiales, como por ejemplo, que la facultad del Ministerio P√ļblico de “archivo provisional” no impida la reapertura de las investigaciones cuando existan nuevos antecedentes.

Cambios al Código Procesal Penal:

En el C√≥digo Procesal Penal se incorporar√≠a un nuevo t√≠tulo destinado a establecer medidas de investigaci√≥n respecto de la criminalidad compleja u organizada. En este t√≠tulo se establece que para la investigaci√≥n de delitos complejos el fiscal dispondr√° de un plazo de tres a√Īos desde la primera intervenci√≥n judicial por cualquier causa, a diferencia de los dos a√Īos que se establecen actualmente.

Otra de las caracter√≠stica de ese nuevo t√≠tulo es que el juez de garant√≠a, a petici√≥n del Ministerio P√ļblico, podr√° autorizar a funcionarios policiales determinados para que se desempe√Īen como agentes encubiertos o agentes reveladores, los que podr√°n infiltrarse en grupo para identificar a los participantes e incluso tener una historia ficticia y una identidad falsa otorgada por el propio Registro Civil.

Tanto los agentes encubiertos como los agentes reveladores estar√°n exentos de responsabilidad criminal por ‚Äúaquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan podido impedir‚ÄĚ, siempre y cuando hayan sido cometidos en el marco de la autorizaci√≥n judicial respectiva y sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigaci√≥n.

Sin embargo, el documento establece que si alg√ļn agente encubierto comete un il√≠cito fuera de los ‚Äúl√≠mites impuestos por el mandamiento judicial‚ÄĚ, adem√°s de ser condenado por ese hecho, no podr√° ejercer como polic√≠a durante el resto de su vida.

La tramitación de diligencias secretas por parte del fiscal que requieran la autorización de un juez de garantía, podrán ser tramitados por escrito mediante un sobre sellado y el administrador del tribunal deberá velar por la intangibilidad del documento. Los sobre sólo podrán ser abiertos por resolución judicial. Cabe mencionar, que el plazo de secreto de la investigación no podrá exceder los seis meses.

En relaci√≥n a las medidas intrusivas, se seguir√°n las reglas generales de la interceptaci√≥n de correspondencia y llamadas telef√≥nicas. Sin embargo, este proyecto permitir√≠a al fiscal no tener que detallar el nombre completo ni la direcci√≥n del afectado por la medida, sino que bastar√° con consignar la informaci√≥n que surja de la investigaci√≥n para determinar quien es la persona que ser√° “pinchada”. Tambi√©n, con autorizaci√≥n judicial, se podr√° grabar sonidos e im√°genes siempre que se justifique que servir√°n para esclarecer un hecho.

Otro aspecto importante de la propuesta es que el Ministerio P√ļblico podr√° solicitar al juez de garant√≠a que decrete medidas cautelares sin comunicarle al afectado. Estas medidas pueden ser: impedir su salida del pa√≠s por un m√°ximo de 70 d√≠as, ordenar la incautaci√≥n de bienes provenientes de delitos terroristas, retener dep√≥sitos y recabar informaci√≥n bancaria.

El proyecto de ley, establece además que los imputados podrán ser detenidos por cinco días y su prisión podrá ser en lugares especiales y con restricción de visitas.

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