Con la condena a 19 ex uniformados por violaciones a los derechos humanos cometidas en la provincia de Osorno y del Ranco, se comienza a cerrar un episodio que marcó a muchas familias.
La sentencia fue resuelta por la corte suprema y versa sobre delitos de tortura, homicidio y desapariciones forzadas de dirigentes políticos y campesinos.
Uno de los casos mas emblemáticos fue el de la ex alcaldesa de Entre Lagos en la época del golpe de estado de 1973, Blanca Valderas, quien sufrió la perdida de su esposo, Joel Fierro Inostroza, obrero maderero y Regidor de la Comuna de Entre Lagos, quien fue detenido junto a Valderas Garrido y otros 3 hombres por ex uniformados, siendo trasladados la noche del 18 de septiembre hasta el puente colgante sobre el río Pilmaiquén en Entre Lagos donde fueron acribillados, siendo la única sobreviviente Blanca Valderas, quien fue lanzada al río, creyendo sus verdugos que estaba muerta.
La condena a los ex uniformados contempla penas que van desde 600 días, la más baja, hasta 15 años. Por otro lado, 6 de los 25 imputados que fueron investigados en un principio, fueron finalmente absueltos.
Sobre este tema se refirió la presidenta a nivel nacional de la Unión de ex prisioneros políticos, Nelly Carcamo, quien calificó de bajas las penas, interpelando a aquellos que consideraron baja la condena al machi Celestino Cordoba a que hablen si es justo que personas que cometieron delitos de lesa humanidad hayan estado libres tanto tiempo.
En tanto, el diputado Fidel Espinoza, quien recordemos perdió a su padre también por causa de la represión post golpe militar, aseguró que la justicia tarda pero llega, sobretodo para quienes caminaron libres por las calles de Osorno teniendo deudas pendientes con la justicia por delitos contra los derechos humanos.
Cabe señalar que en la sentencia se recalca que en este caso de transgresiones a los derechos humanos, se destaca la imprescriptibilidad, la imposibilidad de amnistía y la negación a la exclusión de responsabilidad, los que pretenderían impedir la investigación y sanción de los responsables de los casos de violación a los derechos esenciales, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extra-legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas.
