Luego que se conociera un informe de la PDI que confirma el lucro de la sede de Iquique de la Universidad del Mar, el rector nacional del plantel, Patricio Galleguillos, indicó que ya es hora que las diligencias apunten a los controladores. La ministra de Educación, en tanto, aseguró que eventuales compensaciones económicas, por los costos que ha significado la reubicación de sus estudiantes, es resorte del Consejo de Defensa del Estado.
Un informe conocido esta semana y elaborado por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Iquique, sobre la Universidad del Mar, no hizo más que confirmar las razones que llevaron a decretar el cierre del plantel el año 2012, al establecerse la forma como los controladores lucraban.
El rector nacional del plantel, Patricio Galleguillos, indicó que las indagaciones están centradas en la administración anterior, poniendo en entredicho que la universidad haya privilegiado el lucro por sobre el proyecto educativo.
Según el rector del cuestionado plantel de estudios, hace más de 16 meses que no tiene ningún tipo de contacto con los controladores del plantel: Sergio Vera, Mauricio Villaseñor, Héctor Zúñiga y la familia del fallecido Raúl Baeza.
Sin embargo, el escándalo que ha implicado el cierre del plantel ha significado un gasto millonario para el Estado. Sólo por concepto de convenios que el Ministerio de Educación firmó con otras universidades para garantizar la continuidad de estudios de los alumnos, se han destinado $5.280.000.000, esto sumado a los 13 millones de dólares que el gobierno destinó para el proceso de reubicación en el Presupuesto 2014.
La ministra de Educación, Carolina Schmidt, indicó que es resorte del Consejo de Defensa del Estado determinar de qué forma se puede hacer responsable de estos gastos a los controladores de la Universidad del Mar.
El rector Patricio Galleguillos indicó, además, que son cerca de 6.500 los estudiantes de pre y post grado de las sedes de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, La Serena, Quillota, Valparaíso y Temuco, que aún no cuentan con ningún convenio para terminar sus estudios.
