El contralor general de la República, Ramiro Mendoza, expuso ante la comisión que investiga el lucro en la educación superior sobre la práctica de paralelismo institucional de algunas universidades, es decir, respecto de aquellas entidades asociadas a las casas de estudios superiores.
Algo que por sí mismo no representa una irregularidad ya que la ley permite su creación. Lo que se cuestiona es la instauración de sociedades, corporaciones, fundaciones y conflictos de interés para evitar el control de la Contraloría General de la República, además de la generación de formas indebidas de financiamiento y los conflictos de interés
Mendoza informó que se ha efectuado diversas fiscalizaciones a entidades universitarias relacionadas, por ejemplo detectó que el gerente general del Servicio de Gestión Informática y Computación de la Usach (Segic), también desempeña los cargos de gerencia técnica y gerencia de administración y finanzas en la misma organización.
Actualmente se está fiscalizando a algunas de las fundaciones asociadas a la Universidad de Chile que en total superan la veintena.
Otra institución de educación superior que tiene un número importante de entidades asociadas es la Universidad Arturo Prat que cuenta con 13.
Si bien esto no es algo irregular, sí tiene riesgos asociados como la inexistencia o debilidad de control financiero, omisión de régimen de contratación pública, transferencia de recursos sin objetivos específicos, desembolsos por servicios propios de la universidad, entre otros.
Cabe destacar que la sesión de la comisión investigadora encargada de revisar a fondo el sistema de educación superior chileno se extendió por más de una hora y media y en ella también expuso la periodista María Olivia Monckeberg, autora del libro “La privatización de la universidades: una historia de dinero, poder e influencias”.
