92 familias de la comuna de Cañete, pertenecientes al Comité de Vivienda San José, formado en 2005, han tenido que luchar durante 8 años para que recién en julio del 2012 fueran favorecidas con un proyecto del Serviu.

Sin embargo, sus viviendas no pueden ser construidas, debido a que existe una toma ilegal de los sitios por parte 29 familias de la población Los Canelos, ubicada al norte de Cañete, donde utilizan terrenos como leñeras, garajes y patios.

Tras una serie de intentos para revertir la situación, en noviembre de 2012 se realizó una reunión con el delegado provincial, la abogada del Serviu, el asesor jurídico de la Gobernación de Arauco y la directiva del comité, en donde se acordó realizar conversaciones entre las familias que mantienen esta toma ilegal y el Serviu, pero ante la negativa de estos en correr sus cercos al lugar que les corresponde, no les queda otra alternativa que denunciar el caso ante la opinión pública.

Los integrantes del comité indican que en diciembre de 2012, el director de Serviu le envió un oficio a la gobernadora de Arauco con toda la información necesaria para ser evaluada y se acordó con la empresa constructora el inicio de las obras, mientras que paralelamente se resolvía el tema. Sin embargo, ya han pasado dos meses sin que se tengan respuestas al respecto.

La presidenta del comité San José, Ruth Higueras, indica que se adjudicaron los fondos para la construcción de sus viviendas, pero denuncian que vecinos de la población Los Canelos, no han querido entregar los terrenos que legalmente le pertenecen al comité San José.

Por su parte, la gobernadora Flor Weisse, ante la denuncia dijo que están agotando todas las instancias, pero si no existe otra alternativa, lo harán vía administrativa para proceder al desalojo de los terrenos ocupados ilegalmente.

En este comité existen adultos mayores, discapacitados y familias que por años han estado luchando por tener una vivienda digna e incluso han fallecido adultos mayores esperando tener su casa propia.

Las 92 familias están muy preocupadas, porque corren el serio riesgo de que se paralicen las obras y no se siga con la construcción de sus viviendas, si es que no se soluciona lo antes posible esta situación por parte de las autoridades correspondientes o en caso contrario, acudirán a instancias gubernamentales superiores para la solución de la situación.