El rol del "Príncipe" y coima a la primera dama: esta es la narco-trama por la que EEUU acusa a Maduro

Sobornos a la primera dama, un rol estelar del hijo homónimo de Nicolás Maduro conocido como el Príncipe y la figuración de dos “narco-sobrinos”. Esa es parte de la trama por la que Estados Unidos comunicará cargos este lunes al depuesto presidente de Venezuela, hoy detenido en Nueva York.

La información consta en las dos acusaciones presentadas por los fiscales norteamericanos Geoffrey Berman y Jay Clinton, quienes buscarán probar, al menos en el papel, la teoría del gobierno de Donald Trump: que Nicolás Maduro, su familia y altos oficiales venezolanos forman parte de un cartel criminal dedicado —durante los últimos 20 años— a ingresar droga al país del norte.

Para ello —dicen los persecutores— el régimen chavista montó una aceitada ruta por el Caribe que incluyó estrechos vínculos con las FARC, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) colombiano y el Tren de Aragua. En Chile este último nexo es clave: podría terminar por confirmar o descartar la implicancia del gobierno de Maduro en el asesinato del teniente Ronald Ojeda.

Vea la primera acusación aquí:

La logística

De acuerdo con los documentos interpuestos por los fiscales Berman y Clinton, Maduro participó de una “incesante campaña” de tráfico de cocaína. Según ellos, varios miles de toneladas tuvieron a Estados Unidos como destino final y contó con la participación directa del Jefe de Estado y su familia.

Los escritos apuntan a que Maduro proporcionó cobertura policial y apoyo logístico para el transporte de cocaína desde la selva colombiana hasta puertos venezolanos.

Los fiscales sostienen que las FARC y el Cártel de Los Soles enviaban cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica. Especialmente Honduras. Para 2004, aproximadamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos estimó que más de 250 toneladas de cocaína transitaban por Venezuela al año.

Los cargamentos marítimos —afirman los persecutores— se enviaban hacia el norte desde la costa venezolana utilizando lanchas rápidas, barcos pesqueros y portacontenedores. Los cargamentos aéreos a menudo se enviaban desde pistas clandestinas, generalmente de tierra o pasto, concentradas en el Estado de Apure.

La cobertura diplomática

La historia, en todo caso, comenzó —según EEUU— antes incluso que Maduro reemplazara al fallecido presidente Hugo Chávez. Según el organismo persecutor neoyorquino, entre 2006 y 2008 y mientras se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores, Maduro “vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a personas que él sabía que eran narcos”. Todo ello, para ayudarlos a trasladar el dinero proveniente del tráfico desde México a Venezuela, bajo cobertura —justamente— diplomática.

“Cuando los narcotraficantes necesitaban trasladar el dinero del narcotráfico de México a Venezuela, Maduro Moros facilitaba el movimiento de aviones privados bajo cobertura diplomática para garantizar que los vuelos no fueran objeto de escrutinio por parte de las fuerzas del orden ni del ejército”, reza la acusación contra el hoy expresidente.

De acuerdo con los documentos judiciales, Maduro llamaba a la embajada de Venezuela en México para avisar que una misión diplomática llegaría en avión privado. Luego, mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador de Venezuela en México, el avión —dicen los fiscales— era cargado con el dinero del narcotráfico.

Por esos mismos años, en 2007, la esposa de Maduro, Cilia Flores, aceptó —sostiene la fiscalía de Nueva York— cientos de miles de dólares en sobornos para negociar un encuentro entre “un importante narcotraficante” y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol Torres.

Si bien no explicitan el nombre de ese dealer, los persecutores aseguran que éste acordó pagar un “soborno mensual” a Reverol Torres de aproximadamente 100 mil dólares por cada vuelo que transportara cocaína para garantizar su seguridad, “una parte de la cual se pagó posteriormente” a la hoy ex primera dama venezolana.

El DC-9

Estados Unidos también otorga un rol estelar al número de dos del régimen chavista, Diosdado Cabello Rondón. Él, dicen los persecutores, estuvo a cargo en 2006 del envío de más de 5,5 toneladas de cocaína a México a bordo de un avión DC-9. En la operación habrían participado directamente el propio Cabello; el entonces director de la agencia de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo” (en junio de 2025 se declaró culpable en Nueva York por narcotráfico); y el capitán de la Guardia Nacional venezolana, Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez.

Según consta en la acusación, las más de 5,5 toneladas de cocaína fueron transportadas en aproximadamente cinco camionetas hasta el hangar reservado para el presidente venezolano en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Una vez allí, miembros de la Guardia Nacional venezolana cargaron la cocaína en el avión, que despegó utilizando un plan de vuelo que Villarroel Ramírez aprobó a cambio de sobornos.

A pesar del pago de dichas coimas, cuando la nave aterrizó en el Aeropuerto de Ciudad del Carmen en México, las autoridades locales incautaron toda la droga y varios cayeron detenidos. Diosdado Cabello también figura en la indagatoria por la muerte contra el teniente venezolano opositor Ronald Ojeda (ver último subtítulo de este artículo).

El Príncipe Nicolasito

Los fiscales estadounidenses también sostienen que los vuelos a Isla Margarita del hijo del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro Guerra —alias “Nicolasito” o “El Príncipe”— también eran utilizados para transportar droga.

Las visitas a la isla más grande de Venezuela —dicen en Nueva York— eran asiduas: al menos dos veces al mes. Periplos en los que se coordinaba su estadía en hoteles, además del transporte de mujeres y alimentación.

“Maduro Guerra llegaba en un avión Falcon 900 propiedad de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. Antes de salir de la isla, el avión de Maduro Guerra, perteneciente a la compañía, era cargado, a veces con la ayuda de sargentos armados, con grandes paquetes envueltos en cinta adhesiva que, según el capitán, eran drogas. Maduro Guerra estuvo presente durante el embarque del avión de PDVSA y, en una ocasión, declaró que el avión podía ir a donde quisiera, incluso a Estados Unidos”, versan los escritos.

Asimismo, se le acusa de que alrededor de 2017, Maduro Guerra coordinó el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde Venezuela a EEUU. Si bien no está clara la fuente de la información, los fiscales exponen que “El Príncipe” habló con sus socios narcotraficantes sobre el contrabandeo de droga de baja calidad a Nueva York “porque no se podía vender en Miami”.

Así, detallan los documentos, organizaron un cargamento de 500 kilogramos de cocaína para su descarga desde un contenedor cerca en Florida y el uso de contenedores de chatarra para contrabandearla posteriormente a los puertos de Nueva York.

Vea la segunda acusación aquí:

Los narco-sobrinos

A Maduro Guerra se suman otros familiares del mandatario. En rigor, dos “sobrinos” de la primera dama: Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas. En 2015, agentes encubiertos de la DEA (Drug Enforcement Administration o Administración para el Control de Drogas) de EEUU consiguieron grabaciones de reuniones en los que ellos acordaban despachar cargamentos de cientos de kilogramos de cocaína desde el “hangar presidencial” de Maduro en el Aeropuerto de Maiquetía.

Durante las reuniones grabadas, afirma la fiscalía neoyorquina, Campo Flores y Flores de Freitas explicaron que estaban en “guerra” con Estados Unidos, describieron el Cartel de Los Soles, hablaron de una conexión con un “comandante de las FARC” que supuestamente ocupaba un alto rango e indicaron que buscaban recaudar 20 millones de dólares en ganancias del narcotráfico para apoyar una campaña de la esposa del exmandatario a la Asamblea Nacional de Venezuela a finales de 2015.

Campo Flores se refirió a Maduro como su “padre” y declaró: “Lo que queremos es que recupere el control de la Asamblea Nacional”.

Alrededor de noviembre de 2016, Campo Flores y Flores de Freitas fueron condenados en un juicio en EEUU por conspirar para importar cocaína a ese país.

Según explica Pablo Zeballos, investigador chileno y especialista en crimen organizado en Latinoamérica, si bien hay una narrativa política y que quizás no existen pruebas directas contra Maduro, como una fotografía en la que aparezca cargando droga, lo cierto es que en el sistema federal estadounidense no se le va a juzgar por tocar droga, sino por dirigir o permitir una conspiración criminal que usó la infraestructura de Estado.

“La fiscalía de Nueva York no lo va a acusar como un narcotraficante más, sino como el vértice de una empresa criminal continua en el tiempo que utilizó aeropuertos, fuerzas armadas y la diplomacia como herramientas de servicio para la actividad criminal”, dice.

A juicio del experto, uno de los puntos clave será el de los “narco-sobrinos”. “Para un jurado, eso debilita seriamente del desconocimiento del Ejecutivo”, comenta. Esto considerando que ambos ya fueron condenados en territorio norteamericano.

“La acusación (…) busca demostrar que Maduro convirtió al Estado venezolano en una plataforma criminal funcional y, bajo el estándar jurídico, eso ya es suficiente”, sentencia el especialista.

La conexión

En Chile, posiblemente el nexo que más importa es el del régimen de Maduro con el Tren de Aragua. El organismo transnacional —de acuerdo con la investigación que lideró la Fiscalía Metropolitana Centro Sur de Santiago— estuvo detrás del secuestro y homicidio del teniente opositor venezolano Ronald Ojeda. En la misma indagatoria se descubrieron además vínculos con el propio Diosdado Cabello, luego de que en tres testimonios reservados apareciera su nombre. El móvil político, orquestado desde Caracas, ha rondado desde entonces en la causa del fiscal Héctor Barros.

Si bien no hay una alusión directa al crimen cometido en la capital chilena, la acusación contra Maduro en Nueva York apunta a los vínculos directos entre el gobierno chavista y la organización criminal liderada por el Niño Guerrero.

De acuerdo con los escritos, alrededor de 2019, Guerrero conversó sobre narcotráfico con un individuo que, según él, colaboraba con el régimen venezolano:

“En múltiples llamadas, Guerrero se ofreció a escoltar cargamentos de droga, explicando que él y el Tren de Aragua controlaban las costas del Estado de Aragua, Venezuela. Desde la base de operaciones del TdA en la prisión de Tocorón, Guerrero explicó que podía gestionar la logística de todos los aspectos del narcotráfico, incluyendo el uso de compartimentos de almacenamiento que Guerrero llamaba ‘cunas’, ubicados en una playa del Estado de Aragua. Al hacerlo, Guerrero Flores confirmó la capacidad de TdA para proteger más de una tonelada de cocaína”.

Extracto de la acusación

Precisamente este tema fue abordado este lunes por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien comentó que la causa de Ronald Ojeda sigue en investigación. Más allá de los ya formalizados, se realizaron solicitudes de extradición para otros imputados y otro grupo de personas, que habrían participado de la orquestación del crimen, que igualmente continúa bajo la lupa.

“Se ha planteado por testigos en la causa que Diosdado Cabello habría dado la instrucción para asesinar al teniente Ronald Ojeda. Respecto de este grupo de personas la investigación sigue adelante”, acotó.

El persecutor añadió que es difícil saber qué pasará con las solicitudes de extradición, ante este nuevo escenario, debido a las dificultades diplomáticas.

Por su parte, el representante de la familia de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez, detalló que hay extradiciones pendientes en Colombia y Estados Unidos. Para que se concreten, falta que el imputado Adrián Gámez Finol cumpla una condena en Texas, y que el presidente Gustavo Petro autorice administrativamente el envío de los extraditables.

“Respecto del avance de una eventual extradición del señor Diosdado Cabello, va a depender de los antecedentes que la fiscalía pueda hacer valer ante los tribunales nacionales e internacionales, una vez que adopte una decisión en ese sentido”, explicó el letrado.