Falsificación constitucional: la bizarra trama de la ministra de fe del TC "removida" tres veces

Como ministra de fe de uno de los órganos de justicia más importantes del país, María Angélica Barriga Meza ostentaba una de esas posiciones dentro del sistema público que, aparte de un buen sueldo, garantizan el estatus que da codearse con las más altas esferas del poder. Desde 2019 fungía como secretaria abogada del todopoderoso Tribunal Constitucional: un puesto en el que, aparte de autorizar todas las providencias y actuaciones del TC, debía ejercer la jefatura superior de los funcionarios.

Pero estar junto al poder no significa poseerlo, ni tampoco ser intocable. De eso se dio cuenta Barriga Meza en cuestión de cuatro meses. Porque si a principios de agosto todavía podía decir que era una trabajadora sobresaliente, de lista uno en sus evaluaciones, para noviembre había sido removida por el Pleno debido a “gravísimas faltas a la probidad”. Y en tres procesos administrativos distintos.

Y todo comenzó con una simple solicitud de transparencia. El 13 de marzo de este año, el Tribunal Constitucional recibió un requerimiento de todas las declaraciones de patrimonio e intereses (DIP) de los funcionarios obligados por ley. Para contestar la solicitud simplemente se remitieron dos enlaces externos (Infoprobidad y Declaracionjurada.cl) en que se podían hallar las DIP del órgano.

Pero en esos links faltaban varias declaraciones, entre ellas las de Barriga Meza. Según reconocería más tarde la secretaria abogada ante el fiscal instructor del primer sumario, el ministro Raúl Mera, estaba entre sus deberes recopilar las DIP. Sin embargo, ella misma no había cumplido con el trámite que le tocaba supervisar ni en 2023 ni en 2024.

—La verdad fue por olvido, porque no tenía mucho que declarar —contestó ante Mera, durante la tarde del 5 de agosto—. Es verdad que por reglamento debo estar pendiente de las declaraciones de los otros funcionarios, pero no me acordé, lo dejé para el final.

Tras haber escuchado atentamente su respuesta, el ministro sacó de entre sus documentos y puso ante ella la pieza que determinaría su caída: una declaración de patrimonio e intereses falsa.

2023 o 2025

En la primera hoja, Barriga Meza vio —bajo un logo de las DIP elaborado por Contraloría, el número de folio y el encabezado— que la fecha consignada de entrega era el 22 de marzo de 2023, por el periodo correspondiente a ese mismo año. La declarante: ella misma.

Barriga Meza sabía perfectamente que, en realidad, recién había realizado la declaración de 2023 hacía unos meses, en marzo de 2025, con dos años de atraso, tras recibir la primera solicitud de transparencia.

—Yo no he enviado a Presidencia ninguna declaración fechada el 22 de marzo de 2023 —partió contestando—. Sólo he enviado las originales. La copia que se me exhibe, no la he enviado. Sobre el origen de esa copia, no lo sé. En el repositorio no está el documento cuya copia me exhibe. Nunca ha estado.

El repositorio del que Barriga Meza hablaba era una página creada para contestar una solicitud de transparencia posterior del mismo usuario que había hecho la primera. Tras darse cuenta de que en la primera respuesta que recibió no estaban todas las DIP, realizó una segunda.

Ese intento no dio ningún fruto. El TC, simplemente, no respondió. El 24 de julio, el usuario escribió a la presidenta del TC, la ministra Daniela Marzi:

—De acuerdo a la información proporcionada por vuestro tribunal la fecha de entrega a esta última solicitud era para el día 22/07/2025, no obstante, no se ha evacuado respuesta, ni tampoco se notificó respecto de ampliación de plazos —mencionaba el mail.

Pero había un detalle en el mensaje que probablemente había pasado desapercibido hasta ese momento. La dirección desde la que se había hecho la solicitud de transparencia y escrito a Marzi tenía el nombre de Nicolás Sepúlveda (sepulvedanicolas978@gmail.com). Idéntico al de un experiodista de Ciper.

Cinco días más tarde, en medio del Pleno, Marzi pidió a Barriga Meza que abandonara la sala. A continuación se acordó abrir el primer sumario, que incluía investigar tanto la tramitación de las solicitudes de transparencia del señor Nicolás Sepúlveda, como por qué faltaban las declaraciones de 2023 y 2024 de la secretaria abogada, quien era la responsable de recolectarlas.

Una cuenta falsa

María Angélica Barriga Meza tenía una espina clavada. Que le pidieran salir del Pleno por la situación de la solicitud de transparencia era algo extremadamente anormal, desde su perspectiva.

—Esto fue una encerrona —escribió ese día al director de Administración y Finanzas, Osvaldo Maldonado—. Acá hay mano negra.

A partir de ese día, la secretaria abogada se obsesionó con descubrir quién estaba detrás de la solicitud de transparencia.

El lunes 5 de agosto, día en que se realizó un nuevo Pleno, Barriga Meza ya tenía listo un informe al respecto. Según intentó exponer esa mañana, no se trataba del periodista Nicolás Sepúlveda, a quien había contactado y había negado ser el titular del mail en cuestión.

Debido a que un impostor había realizado las solicitudes bajo un nombre falso, propuso realizar una denuncia penal. De acuerdo a lo que Barriga Meza acusaría más tarde, fue interrumpida por la ministra Marzi, quien le ordenó entregar la información de transparencia sin cuestionar al solicitante. La presidenta del TC finalizó la sesión, pero la secretaria abogada la persiguió por los pasillos, donde la ministra se limitó a ignorarla.

Sin la venia de su superiora, Barriga Meza envió el informe que había elaborado a la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI). Esa misma tarde, de improviso, apareció en su oficina el actuario del sumario, Lino Riffo, quien la notificó para que concurriera inmediatamente a la oficina del fiscal instructor designado por el Pleno, el ministro Raúl Mera.

Frente al fiscal

Para algunos ministros, el Tribunal Constitucional representa la cima, lo máximo a lo que pueden aspirar. Para otros, es un premio de consuelo. Raúl Mera cae dentro de ese último grupo.

En 2020, Mera estuvo a las puertas de la gloria. En julio de ese año el gobierno de Sebastián Piñera lo propuso para reemplazar al supremo Hugo Dolmetsch. Parte de una familia con tradición dentro del Poder Judicial y de carácter hermético, Mera era ministro de Valparaíso por entonces y contaba con una amplia trayectoria en la judicatura, además de fama de intelectual por la profundidad de sus votos de minoría. La Corte Suprema parecía la culminación natural tras una carrera de éxitos.

Sin embargo, no obtuvo el quórum necesario en el Senado, luego de cuestionamientos de agrupaciones de derechos humanos. Especialmente, se le recriminó haber absuelto a cuatro miembros de Carabineros por el caso “Los Queñes”, en el que fueron asesinados dos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1988. Eso sí, dentro del Poder Judicial seguía contando con el respeto de sus pares. Tres años después de su fallida designación, la misma Corte Suprema lo nombró en el Tribunal Constitucional.

La jornada en que dio inicio el sumario, el 5 de agosto, Mera pidió a Barriga Meza que subiera a su oficina a prestar testimonio sobre las 16:00 horas. En el momento en que mostró la declaración de patrimonio e intereses de 2023 a la secretaria abogada, no se había declarado la falsificación como objeto del sumario:

—Encuentro muy grave ese documento supuestamente fechado en marzo de 2023 —aseguró ella—. Si bien mis declaraciones fueron extemporáneas, todas las declaraciones se van a Contraloría y desde Contraloría deben ser publicadas, y asimismo lo fueron las que entregué para que subieran en marzo de 2025.

Apenas terminó el encuentro, Mera dictó una nueva resolución. Si bien el atraso en presentar las DIP podía ser una falta menor, ahora se trataba de una falsificación, un hecho que el ministro calificó como “extremadamente grave”. Por ello, solicitó a la Segunda Sala del TC que suspendiera a Barriga Meza, mientras se investigaba el origen del documento.

El origen de la declaración falsa

A primera hora de la mañana siguiente fue el turno de declarar de Matías Vargas, jefe de gabinete de la ministra Marzi. De sus palabras, se desprende que fue él quien denunció la falsificación.

Había sido la misma secretaria abogada la que había solicitado al jefe de Informática, Nelson Contreras, crear una central donde disponer de los documentos anonimizados. La petición ocurrió el 31 de julio, dos días después del Pleno en que se decidió ordenar el sumario.

La versión de Vargas es que él revisó ese mismo día el repositorio por petición de la presidenta y vio la declaración de Barriga Meza de 2023. Al día siguiente solicitó dos archivadores con los documentos del link, uno para la presidenta y otro para quien investigara el sumario.

—Para mi sorpresa, al revisar el archivador, y específicamente en lo referido a la Sra. secretaria abogada del Tribunal, me percaté de que la declaración folio 63481/23 ya no estaba fechada con esa época, sino que con fecha 2025. Inmediatamente revisé el link y logré constatar que aparecía también la declaración del folio referido, correspondiente al año 2023, como efectuada en el presente año 2025.

Ante eso, revisó su celular y encontró la declaración falsa de 2023 fechada en 2023. Aparte, Vargas mostró al fiscal un documento enviado a él desde el mail de Barriga Meza. Se trata de un borrador de respuesta para el requiriente de la solicitud de transparencia. En él, se menciona que la secretaria abogada había realizado una declaración el 29 de marzo de 2023, a las 05:41:48. Pero existían pruebas más incriminatorias contra la secretaria abogada.

El rastro de los mails

Luego de declarar ante Mera, el director de Administración y Finanzas, Osvaldo Maldonado, subió a su oficina acompañado del ministro. En ese lugar, de acuerdo al sumario, le mostró un mail que Barriga Meza le había enviado el 31 de julio a las 16:32 horas. “Osvaldo, te adjunto mientras. Saludos”. Era todo el mensaje.

La ministra de fe había acompañado un archivo rar, que incluía distintas DIP. Entre ellas estaban las suyas de 2022 y 2023. Esa última era falsa. Igualmente, declaró Nelson Contreras, quien aseguró al fiscal que igualmente recibió dos declaraciones de Barriga Meza por 2023.

—El día jueves 31, María Angélica revisó el conjunto de documentos —aseveró Contreras—. Entonces, como respecto de la DIP suya del año 2023 había dos documentos, ella me indicó eliminar uno.

Así, según la versión de Contreras, quedó la declaración falsa arriba. Hasta que el domingo 3 de agosto la secretaria abogada le escribió un correo en que le pedía borrar del repositorio esa DIP y poner la verdadera, realizada en 2025, lo que este dijo que cumplió al día siguiente.

Su relato contrasta con el de Vargas, quien aseguró que el 1 de agosto la declaración falsa ya no estaba arriba.

La tarde del 6 de agosto la secretaria abogada fue notificada de su suspensión. Una hora más tarde, el ministro instructor recibió un extraño mail de una funcionaria. En él, aseguraba que era la autora de la DIP falsa y que todo se había tratado de una broma.

—La vi tan preocupada con sus declaraciones extemporáneas que debía entregar a un solicitante, que le tomé una de las suyas (no recuerdo cuál), le cambié dos fechas (una arriba y otra abajo) y le dije, ¡ahí está al día, entréguela! —se leía en el mail.

24 horas después, la trabajadora declaró ante Mera:

—No tengo nada que ver con el correo —partió—. Esta idea nació de ella [la secretaria abogada]. Le dije que podíamos decir que yo había hecho el papel. Lo dije como en broma. La idea de dar una excusa salió de mí, pero como en broma, un poco para tranquilizarla. Ella se tomó de la idea.

Un intento para acusar a Maldonado

En un testimonio complementario, Barriga Meza cambió su versión. En él acusó que la DIP falsa había sido creada por Osvaldo Maldonado, quien le había ofrecido ayuda para ocultar su incumplimiento de plazos. Sin embargo, ella simplemente había aceptado esa mano porque veía detrás del ofrecimiento una jugada del funcionario para hacerle daño. Lo que quería, aseguró ella, era observar los movimientos de Maldonado para poder denunciarlo.

—Sé que estuvo mal lo que hice, pero este funcionario en muchos temas me ha complicado enormemente mi trabajo en el tribunal —expuso—. No ha sido veraz ni transparente con la información de trabajo que debo contar para tomar decisiciones, dejándome desinformada en muchos asuntos de los cuales debía tomar conocimiento en el ejercicio de mi cargo, o informándome parcialmente.

La legista reveló que Maldonado había sido destituido por el Servicio Electoral en un sumario por maltrato laboral. Ella aseguró que había conversado con él en su oportunidad porque igualmente habían existido denuncias similares de sus subordinados en el TC, por lo que pensaba que él la veía “como una piedra en el zapato”. También expuso otras irregularidades que relacionó a Maldonado, como una “intervención excesiva” en los procesos licitatorios y haber usado su tarjeta de crédito personal para compras del TC por más de $15 millones.

Barriga Meza añadió que su intención había sido que la declaración real quedara en el repositorio y que por eso había hecho las cuadraturas de las que se subirían sin Osvaldo Maldonado.

—Mi intención era dejar constancia de su intervención directa en el hecho y descubrir la situación anómala ocurrida con un peticionario de transparencia simulado —aseveró ella—. Hasta que advertí que el TIC eliminó del repositorio la DIP válida, lo que hice presente a Nelson para que la subiera nuevamente de forma urgente.

Más tarde, Maldonado negaría ante Mera haber participado de cualquier adulteración.

Mientras Barriga Meza se intentaba defender en un sumario, su ausencia del edificio de Huérfanos 1234 la había dejado expuesta a más cuestionamientos. Los ministros se enteraron de que la funcionaria había asumido la representación del TC y perdido un juicio sobre certificación de ascensores ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Santiago. El TC había sido multado por 40 UTM, sin que se enterara la presidenta.

Por si fuera poco, quedó al descubierto que —sin informar a los involucrados— había ordenado crear un repositorio donde llegaban todos los correos enviados por los relatores a funcionarios de la secretaría, y que también estos eran redirigidos a la oficial primero y a ella. O sea, obtenía copia de comunicaciones que, en principio, deberían ser privadas.

Debido a esas situaciones se abrieron dos investigaciones sumarias, en las que se designó como fiscal instructor al ministro Mario Gómez Montoya.

Simulación

Mera formuló cargos el 19 de agosto. El primero, por los retrasos en sus DIP de 2023 y 2024. El segundo, por la declaración falsa.

La secretaria abogada contrató para su defensa al expresidente del TC, Iván Aróstica, quien argumentó, entre otros puntos, que en el sumario había existido una discriminación arbitraria contra su representada. Según sostuvo, la secretaria abogada fue notificada de la resolución que instruía la indagatoria sin darle tiempo para entender el contenido de la misma, porque inmediatamente fue citada a declarar.

—Adicionalmente, ella denunció hechos graves que involucran a un funcionario —siguió Aróstica—. Respecto de este existen antecedentes fundados que permiten sostener su eventual participación en un ardid destinado a perjudicar a mi representada, sin dirigir una línea investigativa tendiente a corroborar o descartar tales hechos.

Aróstica defendió que, en realidad, no había existido ningún daño: la supuesta declaración falsa había estado arriba un tiempo limitado y había sido la misma Barriga Meza quien había pedido bajarla.

Pero la suerte ya estaba echada. El ministro Mera rechazó abrir una etapa de término probatorio solicitada por la defensa y el 9 de septiembre emitió su informe, en que recomendaba al Pleno del TC absolver a Barriga Meza por el primer cargo y removerla por el segundo.

En su exposición, Mera sostuvo que la lógica indicaba que Barriga Meza había subido la declaración falsa con el ánimo de engañar a la presidenta del tribunal sobre cuándo había realizado el trámite.

—Simular así un cumplimiento oportuno de una obligación funcionaria cumplida en verdad con dos años de retraso, importa asumir una conducta que se aparta de la intachable exigida por la norma, así como desatender el deber de desempeño honesto y leal del cargo —arguyó el ministro.

Ocho días más tarde, el Pleno aprobó íntegramente el informe de Mera y, en consecuencia, dispuso la remoción de la secretaria abogada y ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público.

“No puede ser ministro de fe”

Hace dos semanas, la ya ex secretaria abogada —representada por el legista Raimundo Palamara— ingresó una demanda de tutela laboral contra el TC y el Fisco de Chile. En ella detalla que dicho tribunal, no contento con removerla en un sumario, dictó la misma sanción en los otros dos procesos.

El ministro Montoya, de hecho, había propuesto sanciones más leves, censura por escrito en uno y una amonestación en otro. Pero el 12 de noviembre el Pleno consideró que los antecedentes eran mucho más graves.

Respecto del caso ante el Juzgado de Policía Local, si bien Barriga Meza argumentó que en muchas gestiones administrativas ella asumía la representación del TC, los ministros consideraron que había contravenido el reglamento interno, la ley y la Constitución.

Y no fue sólo eso. Le recriminaron negligencias, como no comparecer a una audiencia por el caso, presentar fuera de plazo un recurso de apelación y asesorarse por un funcionario que no era abogado para realizar los descargos.

Pero el concepto que más repitieron, a lo largo de las 10 páginas de su resolución, fue deslealtad. Especialmente, los ministros hicieron énfasis en que la presidenta del TC recién supo de la denuncia, el juicio y la sentencia definitiva después de que Barriga Meza fuera suspendida.

—No puede ser ministro de fe de un tribunal cuya misión es resguardar la preeminencia de la Constitución una persona que falta a esa fe, al incurrir en deslealtad de múltiples maneras —subrayaron.

Tres veces removida

Sobre sus indicaciones por los correos electrónicos de los relatores, ella aseguró que todo se había tratado de una instrucción dada para resolver un conflicto.

En cierta ocasión, un relator había solicitado ingresar un escrito a primera hora de la mañana. La funcionaria de Secretaría encargada no pudo hacerlo porque faltaba la aprobación de la oficial primero, que aún no llegaba al tribunal. Como solución a futuro, surgió la alternativa de que ella y la oficial primero recibieran copia de esos mails.

A pesar de que ella menciona en su demanda de tutela que nadie le advirtió de la vulneración de la privacidad que una medida de ese tipo significaba, durante el sumario Nelson Contreras declaró que sí le había indicado que legalmente no correspondía.

—Un funcionario no letrado sabe que la acción es incorrecta, ilegítima, y se lo dice a la secretaria que es abogada, pero esta insiste en su orden —detallaron los ministros en la resolución respectiva—. No puede haber prueba más evidente de que ella actuó con pleno conocimiento de la deshonestidad y deslealtad de su actuar, deslealtad que se extiende ahora a sus subalternos, a los que involucra, mediante el peso de su autoridad, en un hecho indebido.

Ambas decisiones fueron adoptadas con el voto en contra de la ministra Marcela Peredo, que estuvo a favor de todos los fundamentos, pero que no compartió la decisión.

Según ella, el artículo 207 del Reglamento Interno del Personal sólo permitía dejar una constancia en la hoja de vida de cuál habría sido la sanción si la funcionaria hubiese estado aún en su cargo, pero no correspondía declarar que se imponga efectivamente una remoción que en la práctica ya era imposible.

Tratos despectivos de ministros

En sus 77 páginas, la demanda de tutela desclasifica parte de la interna del Tribunal Constitucional. Un órgano en que el mal ambiente laboral ha sido objeto de cuestionamientos tanto internos como en sedes laborales. Sin ir más lejos, en 2022 el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenó al TC por el hostigamiento a una relatora.

El libelo ingresado por Barriga Meza asevera que sufrió tratos discriminatorios de ciertos ministros. En concreto, alude a las ministras María Pía Silva Gallinato y Alejandra Precht, quienes de acuerdo a la abogada intentaron “invisibilizarla en conversaciones grupales en las que participaba, ignorar sus saludos y desarrollar interacciones destinadas a excluirla deliberadamente”.

Igualmente, acusó que la presidenta y la ministra Nancy Yáñez exponían situaciones en el Pleno que la afectaban directamente, sin haberle mencionado nada antes. Eso originaba momentos incómodos, según la denuncia, y generaba un ambiente de especial gravedad.

Pero también apuntó al responsable del sumario que selló su suerte:

—Frente a estas situaciones, el Ministro señor Raúl Mera Muñoz no perdía ocasión para referirse en términos despectivos —asegura el escrito—, no sólo respecto de mi representada sino también del personal en general, formulando declaraciones denostativas que, por emitirlas en el contexto de sesiones reservadas, no resulta posible reproducir en este escrito.

La demanda esgrime que Barriga Meza fue privada progresivamente de sus funciones, lo que se reflejó en que se modificó el contrato de una de sus subordinadas sin informarle, se le quitó la posibilidad de evaluar a funcionarios bajo su mando y se fomentó que mantuvieran reuniones sin involucrarla.

El hombre tras el correo

Pero el núcleo central de la demanda está en el primer sumario. Barriga Meza acusa que el proceso que terminó con su remoción fue un ardid tramado por Osvaldo Maldonado con ayuda de Matías Vargas.

Según la denuncia, Barriga Meza había informado a la Presidencia de la destitución de Maldonado en el Servel. Asimismo, lo había acusado por el uso de su tarjeta de crédito personal para fines institucionales por un monto que ascendía a los $30 millones; por mantener reuniones con proveedores sin registro de Ley de Lobby y ocupar tiempos de trabajo para actividades extraprogramáticas.

Sobre todo, la demanda apunta a un antecedente que considera fundamental: la persona detrás de la cuenta abierta con el nombre de Nicolás Sepúlveda, que realizó la solicitud de transparencia que desencadenó todo, era nada más y nada menos que Osvaldo Maldonado.

Un informe de la Brigada Investigadora del Cibercrimen, de fecha 8 de septiembre de 2025, estableció que la cuenta de Gmail se encontraba asociada a direcciones IP del Tribunal Constitucional y de Maldonado.

La demanda igualmente cuestiona las decisiones del fiscal instructor, el ministro Mera. Entre ellas, no haber dejado a la defensa rendir prueba y no haber entregado ninguna explicación para mantener secretos algunos documentos, incluido el mail y la declaración de la funcionaria que se desdijo de ser la responsable de la DIP falsa. De esa forma, su abogado no pudo acceder a antecedentes esenciales para realizar sus descargos.

En conversación con la Unidad de Investigación de Bío Bío, el abogado Raimundo Palamara acusó un “ataque concertado” al interior del TC para remover a la secretaria abogada.

—Constituye un hecho gravísimo y cuyas responsabilidades van más allá de lo puramente administrativo —enfatizó Palamara—. Es por ello que abriremos todas las vías administrativas y judiciales que sean necesarias para obtener una reparación plena a favor de mi representada y una sanción conforme a derecho de cada involucrado, porque la impunidad en nuestro país jamás debe ser la regla.

Palamara igualmente solicitó vía transparencia al TC que informara los computadores asociados a las IP del Tribunal Constitucional que fueron detalladas por la PDI como aquellas desde las que se conectó el falso mail creado con el nombre de Nicolás Sepúlveda. El TC respondió que se había abierto un sumario al respecto el 18 de diciembre pasado, así como una investigación penal, por lo que no podía entregar más antecedentes.

TC insiste en que sumarios deben finalizarse

En su demanda, Barriga Meza exigió, entre otras cosas, que se dejen sin efecto las tres resoluciones de remoción, que se investigue a Vargas y Maldonado y que la presidenta del TC le pida disculpas públicamente.

En cuanto a indemnizaciones, solicitó $131 millones por despido vulneratorio, $120 millones por daño moral y por lo menos $35 millones por lucro cesante. Es decir, más de $286 millones.

Contactados por la Unidad de Investigación de Bío Bío, desde el Tribunal Constitucional informaron que aún no han sido notificados de la demanda, por lo que no se referirían al tema.

No obstante, señalaron, respecto a las tres resoluciones de remoción, que los sumarios iniciados antes del término del vínculo con un funcionario deben ser finalizados y que se trata de una regla que “opera en todo el sector público”.

Debido a la falsificación de la DIP, el TC acordó remitir los antecedentes del sumario al Ministerio Público. Tras ello, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte remitió la causa al área de Alta Complejidad, liderada por la fiscal Ximena Chong, quien, de acuerdo a fuentes consultadas, ya ordenó diligencias al respecto.