La oposición egipcia organiza este martes nuevas manifestaciones contra el proyecto de Constitución islamista, con la esperanza de reactivar la movilización antes de la segunda etapa, el sábado, de un referéndum sobre este texto que parece estar a punto de ser adoptado a pesar de que divide profundamente al país.
Estas manifestaciones van acompañadas de una agravamiento de la crisis entre los magistrados y el poder del presidente islamista Mohamed Mursi: un nuevo grupo de jueces anunció que se unía al boicot de la supervisión del voto, y el fiscal general dimitió poco después ser nombrado por el jefe del Estado.
El Frente de Salvación Nacional (FSN) que reúne a los principales movimientos de la oposición de izquierdas y liberal, llamó a manifestar en la tarde en El Cairo en la plaza Tahrir y delante del palacio presidencial, en Heliópolis, “para defender las libertades, impedir el fraude y rechazar el proyecto de Constitución”.
La primera parte de la votación, que implicó a cerca de la mitad de los 51 millones de los electores inscritos, dio casi un 57% de aprobación al proyecto apoyado por Mursi y sus Hermanos Musulmanes, según resultados oficiales.
La segunda fase tendrá lugar el sábado en 17 gobernaciones. Los resultados oficiales de las dos vueltas sólo serán publicados al término de esta segunda etapa.
Las cifras oficiales dejan ver que el texto será adoptado, a pesar del decidido rechazo de una oposición que le reprocha favorecer una islamización acentuada del país y de ofrecer pocas garantías para las libertades.
La oposición y las ONG denuncian también que el voto presenta numerosas irregularidades en beneficio de su aprobación.
Con un corto avance del “sí”, este referéndum está lejos de constituir el plebiscito en favor del presidente Mursi esperado por el campo islamista.
El sector presidencial hace valer que este proyecto de Constitución debe traer una estabilidad institucional a Egipto, y cerrar la agitada transición consecutiva al caída del régimen de Hosni Mubarak a comienzos de 2011.
Una vez más el poderosos ejército egipcio advirtió contra los riesgos de una crisis prolongada.
“Las divisiones afectan a la economía y amenazan la paz social, lo que exige apretar filas, renunciar a los diferendos y hacer que prevalezca el interés general”, declaró el ministro de la Defensa y comandante de las fuerzas armadas, general Abdel Fattha al Sissi, citado por la prensa.
El Fondo Monetario Internacional anunció la semana pasada el congelamiento de un pedido de El Cairo para obtener un préstamo de 4.800 millones de dólares, y el lunes Alemania indicó que suspendía la anulación parcial de la deuda egipcia debido a sus inquietudes sobre la evolución en el país.
El boicot de la supervisión del referéndum por los magistrados se extendió sin que por lo tanto su impacto sobre la organización del voto sea aún claro.
El Club de los Jueces del Consejo de Estado se unió el lunes a los numerosos magistrados que se niegan a participar en la vigilancia de las urnas para denunciar una injerencia del Poder Ejecutivo en los asuntos judiciales. La presencia de magistrados es obligatoria en las oficinas de votación.
Las tensiones entre el poder y la justicia también se manifestaron el lunes en la noche con la dimisión del nuevo fiscal general Talaat Ibrahim Abdalá, cuyo nombramiento hace menos de un mes por el presidente Mursi era muy cuestionado.
Abdalá remplazaba al fiscal Abdel Meguid Mahmud, acusado por el poder de ser complaciente con personalidades del anterior régimen. Su destitución por orden de Mursi había sido denunciada por numerosos magistrados como un atentado contra la independencia de la justicia.
