Tras participar en la inauguración del taller internacional sobre administración de bienes incautados y decomisados, el fiscal nacional, Sabas Chahuán se refirió al descarte de pruebas en la audiencia de preparación de juicio oral en Séptimo Juzgado de Garantía, sobre el crimen del cabo Luis Moyano.

Esto, ya que la Fiscalía enfrenta el descarte de pruebas clave de responsabilidad en los hechos respecto de Juan Aliste Vega, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel. De la evidencia desechada, una parte consta en el proceso de justicia militar que fue transferida al sistema penal, figurando como legítima.

Al respecto, Chahuán fue enfático en definir de “complicado el escenario”, y reconoció la preocupación institucional que existe al respecto, y que motivará próximas decisiones.

“Hay una serie de decisiones que ha adoptado el magistrado que son erróneas, y algunas que son derechamente y profundamente erróneas, pero no corresponde que las critique por los medios, sino que la Fiscalía va a utilizar todos los recursos que sean pertinentes”, sostuvo.

Agregó que “en concepto de la Fiscalía Centro Norte, deben ser enmendados prontamente por los tribunales superiores, porque se va a producir una dificultad, y eventualmente no van a poder ser condenados el señor Aliste Vega y otros que son responsables de la muerte del cabo Moyano y del asalto al banco”.

Caso Pitronello

Respecto del recurso de nulidad presentado por la Fiscalía Metropolitana Sur, en contra del fallo que definió de forma distinta al Ministerio Público los hechos cometidos por Luciano Pitronello, descartando condenarlo por delitos terroristas, Chahuán fue categórico.

“Se me ha señalado precisamente que se estima que hay un vicio de nulidad, porque en concepto de la Fiscalía el delito de Pitronello es de índole terrorista y me parece bastante coherente y plausible la explicación que da la Fiscalía. La Fiscalía Metropolitana Sur sostiene que hay una calificación errónea por parte de los magistrados, que la única manera de enmendarla es el recurso de nulidad y uno de los fundamentos es el fallo de minoría del magistrado (Antonio) Ulloa”, manifestó.

“No se trata de crucificar a los magistrados, pero los fallos que no le satisfacen a la Fiscalía se recurren, se impugnan mediante los recursos, estas son las reglas del juego y las aceptamos plenamente”, aseveró.

Estas declaraciones fueron emitidas durante la inauguración del Taller Internacional de Investigación Patrimonial, Administración de Bienes Incautados y Decomisados, que contó con la participación de la OEA y expertos de Colombia, Estados Unidos, España y Chile.

“La idea es mejorar y potenciar la persecución y sobre todo el correcto destino de los bienes incautados y decomisados a las bandas de narcotraficantes o a otros delincuentes que producen efectos del delito, y que pretenden lavar esos activos. Tenemos que atacar esto respecto de vacíos legislativos que existen y empatizar la coordinación con los distintos organismos”, dijo Chahuán.

A juicio del fiscal nacional, es responsabilidad de todos los organismos intervinientes dentro del sistema de justicia lograr que los dineros sean realmente destinados a las instituciones que trabajan con jóvenes en riesgo social, para así atenuar los daños que las drogas provocan en ese sector de la población.