El último proyecto de reajuste al sector público del gobierno del presidente Gabriel Boric ha levantado varios cuestionamientos, tanto por el nivel de gasto como por normas misceláneas apuntadas como de “amarre” por sectores de oposición.
Desde Hacienda, el ministro Nicolás Grau ha defendido que este proyecto resulta en una menor carga fiscal que, por ejemplo, el reajuste final del segundo gobierno de Sebastián Piñera “y uno de los menores de la última década”.
A su vez, el jefe de Teatinos 120 ha defendido que no se está en presencia de un “amarre”, sino que se busca evitar arbitrariedades en los despidos de funcionarios a contrata mediante una modificación legal, donde tras un acto administrativo fundado de desvinculación, las personas puedan acudir a Contraloría si consideran que el cese de sus funciones no se ajustó a derecho.
Lupa a los gastos del reajuste al sector público
Durante los últimos días, Grau ha señalado que el coste fiscal del proyecto de reajuste al sector público, donde la principal medida es el alza del 3,4% total de los sueldos, conlleva un gasto fiscal de casi $1,6 billones para 2026, menor al reajuste del 2019 y un 10% inferior al promedio de $1,8 billones en la última década.
Según el detalle del propio proyecto, el impacto al fisco por la ejecución del mismo es de $1.597.776 millones para este año, incluyendo el pago retroactivo por reajuste sobre sueldos del 2025, y de $1.147.426 millones para 2027.
En una tabla que desglosa los distintos gastos fiscales por ítem, los reajustes por remuneraciones y subvenciones se llevan, por lejos, la mayoría de recursos: $838.643 millones para 2026 y $960.432 millones en 2027.
Otro ítem que concentra gasto es aquel sobre el denominado Sector Pasivo, que incluye Bono Invierno y los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, sumando $331.947 millones. El gasto por bono especial de negociación se marcó en los $130.763 millones.
Y en el ítem de pensiones e incentivo al retiro, el gasto contemplado para 2026 es de $106.647 millones y en 2027 $124.659 millones.
Las remuneraciones mínimas en el proyecto tienen un reajuste del 5%. Considerando este aspecto, más el bono mensual para trabajadores que perciben este tipo de sueldos; el bono de asistentes de la educación, el bono mensual para bajas remuneraciones en la educación superior y el bono para personal de la región de Atacama se agregan otros $156.097 millones en gasto.
Las normas calificadas de “amarre” y en la mira de la oposición
Ahora bien, más allá del impacto fiscal, están los proyectos misceláneos que se suelen incluir en el reajuste, donde aprovechando la “rápida” tramitación de la iniciativa en general, se agregan peticiones de la Mesa del Sector Público u otro tipo de compromisos.
Entre estos está el apuntado como “amarre” de funcionarios públicos, explicado anteriormente y cuya modificación principal es que los trabajadores del aparataje estatal podrán acusar ilegalidad en sus procesos de despidos ante Contraloría.
Sin embargo, existen otras modificaciones que también causan ruido en la oposición y que son calificadas como “amarre” o posible “amarre”.
Según un archivo interno al que tuvo acceso Radio Bío Bío, algunas de estas medidas incluidas en el reajuste son la creación de una asignación de personal para atención 24 horas en Servicios de Protección a la Niñez y Reinserción Juvenil o la norma que faculta el traspaso de personal a contrata en el IPS con ocho años de antigüedad a la planta profesional y técnica de la institución.
Otra medida que en la bancada de RN aseguran que se trataría de un posible amarre es el aumento de jefes de departamento en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), junto con el traspaso de personal a contrata del Ministerio de Obras Públicas a la Subsecretaría y la creación de cargos de planta en la Dirección de Obras Hidráulicas.
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