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No se trata de casos excepcionales, sino del resultado de un diseño institucional que ha ido desplazando la colaboración y la confianza al interior de las comunidades.
En los últimos años, la relación entre las familias y los colegios se ha deteriorado. Diferencias que antes se resolvían mediante diálogo, con foco en soluciones pedagógicas y en el interés superior de niños y niñas, hoy escalan con rapidez hacia la Superintendencia de Educación.
Allí no se discute si las decisiones fueron pedagógicamente adecuadas, sino solo si existió un incumplimiento normativo, leve, menos grave o grave, que deba ser sancionado para inhibir su reiteración.
La convivencia escolar comienza así a organizarse bajo la amenaza, explícita o implícita, de un procedimiento administrativo que operará en paralelo a la búsqueda de soluciones dentro de la escuela.
No se trata de casos excepcionales, sino del resultado de un diseño institucional que ha ido desplazando la colaboración y la confianza al interior de las comunidades.
Este cambio es preocupante porque desconoce la naturaleza propia de una escuela. Pertenecer a una comunidad educativa supone, o debiera suponer, un vínculo de confianza entre estudiantes, familias, directivos, docentes y asistentes de la educación. Implica formar parte de un proyecto educativo compartido, con reglas de convivencia definidas de manera autónoma, que expresan ideas y principios a los que todos adhieren. En términos simples, supone ser parte del mismo equipo.
A diferencia de otras superintendencias que fiscalizan actividades comerciales, aquí se supervisa a comunidades e instituciones que colaboran directamente en una función pública y son protagonistas en la garantía de los derechos de sus estudiantes. Los colegios subvencionados, sean estatales o privados, no persiguen un fin distinto del que el propio Estado busca resguardar.
La normativa educacional cumple, por cierto, una función esencial. Proteger los derechos de los estudiantes y asegurar estándares mínimos de calidad es una tarea indelegable del Estado. El problema surge cuando la regulación se expande hasta cubrir casi todos los aspectos de la vida escolar.
Hoy son más de 3.000 obligaciones, las que se aplican como primera respuesta mediante mecanismos de fiscalización y sanción y que privilegian el cumplimiento formal por sobre los acuerdos pedagógicos que las comunidades debieran resolver de manera autónoma, lo que debilita la confianza de las familias en las escuelas.
Por eso, en este nuevo ciclo de gobierno que se inicia en marzo, desde Pivotes proponemos revisar íntegramente tanto el procedimiento de producción de las normas educacionales como el modelo de fiscalización vigente.
El objetivo no es debilitar la protección de los estudiantes, sino fortalecerla, avanzando hacia un sistema regulatorio que contribuya a la legitimidad de las escuelas, refuerce sus capacidades internas y mantenga siempre en el centro el interés superior de niños y niñas.
No solo se trata de menos burocracia, sino de una mejor regulación. De decidir que el Estado ejerza su función sancionadora en los casos críticos y que, en la gran mayoría restante, acompañe y evite sustituir la búsqueda de soluciones pertinentes y situadas que las escuelas pueden construir de manera colectiva con sus comunidades.
