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Hasta hoy, persisten ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y un nivel de impunidad que ronda el 95%. Cuando eso pasó, el mundo no habló sobre el derecho internacional.
La madrugada del 3 de enero, fuerzas militares estadounidenses extrajeron y, en los hechos, secuestraron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. La operación, ilegal bajo estándares internacionales, desató una ola de indignación en sectores políticos transversales.
Hasta ahí, todo bien. Condenar la acción ilegal de un país es no solo válido, sino necesario.
El problema empezó después. Entre analogías forzadas y consignas recicladas, algunos actores tradicionalmente asociados con el activismo y progresismo de izquierda pasaron de la condena al gobierno estadounidense a la defensa abierta de Maduro. Lo llamaron “héroe”.
Organizaciones que dicen luchar por causas nobles afirmaron que los venezolanos que cruzan la selva del Darién rumbo a Estados Unidos lo hacen porque reciben un “bono”. Un bono.
¿Por cuántos dólares dejarías tu país atrás? ¿Tu familia? ¿Tu profesión? ¿Tu vida entera? Para muchos nuevos opinólogos, la vida de nosotros, los venezolanos de oposición, parece valer apenas un par de billetes.
Desde su llegada al poder en 2013, el gobierno de Nicolás Maduro ha sido acusado por Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la ONU (a través de la Oficina del Alto Comisionado y la Misión de Determinación de los Hechos) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de mantener un patrón sistemático de represión. Ese patrón incluye ejecuciones extrajudiciales, torturas, censura mediática y miles de muertes.
Las protestas de 2014 dejaron al menos 43 personas muertas por disparos de la Guardia Nacional Bolivariana y de colectivos armados, además de más de 3.000 detenciones arbitrarias y denuncias generalizadas de tortura.
En 2017, otras 131 personas murieron en manifestaciones, muchas con impactos de bala en cabeza y pecho, junto a más de 5.000 arrestos.
Entre 2015 y 2019, operaciones policiales como la OLP y la FAES llevaron a cabo alrededor de 13.000 ejecuciones extrajudiciales en barrios pobres, presentadas oficialmente como “resistencia a la autoridad”.
A esto se suma el cierre de radios y canales de televisión, el bloqueo de sitios web y la detención de periodistas.
Tras las elecciones de 2024, ampliamente cuestionadas, las protestas poselectorales dejaron al menos 25 muertos, más de 2.000 detenidos (incluidos menores de edad) y denuncias de torturas que incluyen asfixia, descargas eléctricas y violencia sexual.
Hasta hoy, persisten ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y un nivel de impunidad que ronda el 95%. Cuando eso pasó, el mundo no habló sobre el derecho internacional.
Demonios. Este mismo lunes 5 de enero se reportó de forma extraoficial la detención de más de diez periodistas y una veintena de civiles por el simple hecho de estar en la calle y tener contenido anti-Maduro en sus celulares personales.
Nuevos reportes indican también que el gobierno venezolano estaría obligando a empleados públicos a mostrar muestras de apoyo a favor del régimen, todo bajo amenaza.
Duele ver cómo un sector político que dice poner los derechos humanos en el centro es capaz de ignorar la tortura y el sufrimiento sostenido de un pueblo entero con tal de no romper su línea editorial. ¿No ven lo peligroso que esto es para las causas que dicen defender? ¿No entienden la hipocresía de condenar a Netanyahu y luego elogiar a Maduro, líder de un gobierno criminal?
La incoherencia es tan evidente que roza el autosabotaje. ¿Qué clase de persona puede denunciar un genocidio en una parte del mundo y justificar una masacre en otra? Durante años nos hemos preguntado por qué las derechas ganan terreno con tanta fuerza. Tal vez la respuesta esté, en parte, en esta indiferencia selectiva.
En algún punto hay que aceptar que el conocimiento académico no basta. Gritarle “venezofachos” a inmigrantes que viven a diario la xenofobia y que ven en la situación actual una mínima esperanza de regresar a su país no soluciona nada.
La diáspora venezolana no es perfecta ¿cómo podrían serlo ocho millones de personas? Ocho millones de personas rotas, a las que se les acusa de no haber luchado lo suficiente, pese a años de protestas, estallidos sociales, miles de muertos, desaparecidos y presos en centros de tortura.
Estados Unidos bombardeó Caracas y secuestró al presidente, y aun así el círculo de hierro de Maduro sigue en el poder, incluso bajo amenazas de Donald Trump. Si ni fuerzas armadas profesionales, con armas y entrenamiento, pudieron derribar al gobierno de un solo golpe, ¿cómo se supone que lo harían estudiantes armados con escudos de cartón y palos?
Lo intentaron igual. Y por eso muchos ya no están aquí. Neomar Lander, de 17 años, al cual fuerzas del estado asesinaron al destrozarle el tórax con una bomba lacrimógena, ya no está aquí. ¿Deberíamos extender también la clase de geopolítica a su familia? ¿A las familias de todos los asesinados?
Entiendo el miedo histórico de América Latina a la intervención de Washington, pero llevan años diciéndoles a los venezolanos que regresen a casa y, cuando creen que por fin podrían hacerlo, les hablan desde la comodidad de los libros y la academia, los tratan de ignorantes y les dicen que debieron resolver solos sus problemas, mientras un gobierno sostenido por la injerencia de China, Irán y Rusia los dejaba morir de hambre.
Al venezolano no le importa el petróleo. Le importa poder darle un último abrazo a su abuela antes de que muera.
Juan Navarro
Periodista venezolano residente en Chile
